Corte de apelaciones ratifica suspensión de la Ley Arizona

lunes, 11 de abril de 2011

MÉXICO, D.F., 11 de abril (apro).- Una corte federal de apelaciones de San Francisco ratificó hoy la suspensión temporal de los puntos sustanciales de la Ley SB-1070, conocida como Ley Arizona, que criminaliza la inmigración ilegal, acto que el gobierno de México recibió con beneplácito y reconoció la labor de los magistrados.
    La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito rehusó a modificar la orden emitida por la juez Susan Bolton, de Phoenix, Arizona, el 28 de julio del año pasado, un día antes de que entrara en vigor.
    La gobernadora Jan Brewer solicitó a la corte de apelaciones que levantara la prohibición debido a que, según ella, el juez abusó su autoridad al dejar sin efecto los aspectos más polémicos de la Ley Arizona, como la persecución de personas por su simple apariencia física.
    La polémica Ley SB1070, autorizaba a la policía de Arizona a revisar el estatus migratorio de las personas que, a su juicio, considerara sospechosos de ser inmigrantes indocumentados.
    En respuesta al escándalo que provocó, en el extranjero, el Departamento de Estado que encabeza Hillary Clinton, presentó una demanda para bloquear la Ley Arizona; el gobierno federal consideró que dicha legislación es inconstitucional porque los asuntos migratorios son de jurisdicción federal.
    
Aplaude México la decisión
Por la tarde, el gobierno mexicano expresó su reconocimiento a la corte de apelación por su decisión de ratificar la suspensión de las partes medulares de la Ley Arizona.
    Por medio de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recordó que México presentó ante la Corte de Apelaciones un recurso conocido como amicus curiae (amigo de la corte), al que se sumaron los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay y Perú, en apoyo a la demanda presentada por el Departamento de Estado en contra de la ley SB1070.
    “México continuará desplegando todas las medidas necesarias y acudiendo a todas las instancias disponibles, a fin de responder de manera firme e inmediata a cualquier violación de los derechos fundamentales de los mexicanos, dondequiera que se encuentren e independientemente de su calidad migratoria", dijo la cancillería.
    Paralelamente, la a gobernadora de Arizona, Jan Brewer, anunció que analizará otras opciones legales para hacer cumplir la ley SB1070. A través de un comunicado, Brewer dijo su equipo legal analizar la posibilidad de apelar la decisión ante un panel más grande de jueces o si interpone una petición ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
    “Continuo firme en mi creencia de que Arizona y otros estados tienen el derecho soberano y la obligación de proteger a sus ciudadanos y aplicar leyes de inmigración de acuerdo con los estatus federales", alegó la gobernadora.
A su juicio, la decisión de la corte de apelaciones “daña” la seguridad y el bienestar de los ciudadanos de Arizona, quienes, en su opinión, sufren los efectos negativos de la inmigración ilegal, por lo que consideró “una vergüenza” que los magistrados hayan mantenido la suspensión.
Por su parte, el procurador de Justicia del estado de Arizona, Tom Horne, lamentó en el mismo comunicado, la decisión de la corte, pues, dijo, “tomó muy en cuenta la oposición de gobiernos extranjeros para mantener la orden judicial en contra de dos de cuatro elementos de la SB1070”.
    “Es una vergüenza que la Corte de Apelaciones otorgue a naciones extranjeras el derecho de vetar leyes aprobadas por un estado soberano de Estados Unidos”, se quejó la gobernadora.
Por el contrario, activistas en Arizona aplaudieron la decisión, la cual calificaron como “una importante victoria” para los derechos humanos y libertades civiles.
“Como una política legal, la ley estatal SB1070 es un experimento fracasado que viola la Constitución e invita al perfil racial y crea una mayor desconfianza entre nuestras comunidades y la policía”, dijo Alessandra Soler Meetze, directora ejecutiva de la Unión de Libertades Civiles (ACLU) en Arizona, en un comunicado de prensa.
Por su parte, Lydia Guzmán, representante de la organización Respect/Respeto, dijo hoy a la agencia Efe que su organización se siente satisfecha de que los jueces hayan aceptado los argumentos presentados en contra de la implementación de la SB1070.

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