MÉXICO, D.F., 13 de abril (apro).- El expresidente de México Unido contra la Delincuencia (MUCD), Eduardo Gallo, denunció este lunes que la falta de transparencia y rendición de cuentas en ese organismo de la sociedad civil han afectado seriamente su credibilidad.
"El punto es que no podemos pedir que se acabe la corrupción si no dejamos de ser parte de ella", dijo.
En conferencia de prensa, Gallo detalló las razones que lo llevaron a dimitir, junto con otros ocho integrantes del Consejo Directivo, a la presidencia de MUCD, que actualmente dirige Josefina Nava, el pasado 16 de marzo.
Según el activista, cuando estuvo al frente del organismo, varios de los miembros del consejo consultivo se opusieron, sin éxito, a que la organización diera su respaldo a las presuntas violaciones procesales de las que fue objeto la ciudadana francesa Florence Cassez, acusada de secuestro y sentenciada a 60 años de prisión.
“Nosotros, con la valoración de abogados, dimos el aval a las violaciones a las garantías constitucionales que afectaron el debido proceso y el derecho a una legítima defensa de esta ciudadana francesa acusada de secuestro. Sin embargo, algunos de estos grupos de poder internos se opusieron a este respaldo, con el argumento de que sería un golpe a la administración del presidente (Felipe) Calderón, y eso afectaría la recaudación de las aportación mensuales de la organización”, expuso.
Gallo –cuya hija (Paola) fue secuestrada y asesinada en junio de 2000– añadió que otra de las razones por las que dejó de pertenecer a esa organización es porque se le consideró muy crítica su posición de rechazo a la estrategia del gobierno federal durante los Diálogos por la Seguridad, donde también planteó una serie de alternativas.
Agregó que al interior de MUCD, donde le antecedieron María Elena Morera y Ana Franco, existen grupos de poder que “pusieron por encima del interés ciudadano y social el aspecto económico y consideraban que la critica a las acciones de gobierno pondrían en riesgo los donativos económicos que ofrece el gobierno federal”.
Denunció que cuando él llegó a la presidencia del organismo, nunca hubo un acta de entrega recepción de MUCD, y que a lo largo de su gestión pidió que se hiciera una revisión de los estados financieros, pero nunca le entregaron cuentas y solamente le dijeron que había 600 mil pesos en las arcas de la organización y una deuda por 400 mil.
“No puedo hablar de malos manejos o de delitos, porque nunca me presentaron los estados financieros de la organización y no tengo elementos para decir que hubo un manejo inadecuado”, sin embargo, añadió, no hay transparencia ni rendición de cuentas.
Es inexplicable, dijo, el hecho de que solamente se recibieran donativos por 40 mil pesos mensuales para salarios, cuando la nómina era de 300 mil. A raíz de ello, apuntó, tuvo que despedir a varias personas cuando accedió a la presidencia de la organización.
De acuerdo con Gallo, durante la administración de Ana Franco se hicieron contratos y proyectos por los que se recibieron cantidades millonarias, pero no hay un reporte de los ingresos y egresos de la organización para consultar la forma en que se aplicaron los recursos.
Cuando se le preguntó si las organizaciones sociales en materia de seguridad están “gubernamentalizadas”, o sea que responden a los intereses del gobierno, Gallo respondió: “Lean ustedes los discursos de los dirigentes y las posiciones de las organizaciones y se darán cuenta”.