MÉXICO, DF, 14 de abril (apro).- La nueva propuesta de Felipe Calderón, enviada al Congreso de la Unión, consiste en reclasificar las prisiones y crear una nueva categoría: la “súper máxima seguridad”.
    Para ello, Calderón Hinojosa propuso la figura de jueces de preliberación, llamados en la iniciativa, de ejecución, que serían responsables de modificar penas y establecer el rango de seguridad que amerita un interno.
    La Gaceta Parlamentaria publicó hoy la iniciativa, sin embargo, ésta no podrá ser dictaminada ni discutida durante el periodo ordinario de sesiones que concluirá el próximo 30 de abril, por lo que fue enviada a las comisiones de Seguridad Pública y Justicia.
    El proyecto plantea reformar la Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones, así como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
    De acuerdo al documento remitido a la Cámara de Diputados, la intención es desarrollar la infraestructura y tecnología penitenciarias, con el fin de atender a cada interno conforme a su nivel de custodia.
    Lo anterior parte de una reclasificación en la que se prevé incluir los criterios de seguridad mínima, mínima restrictiva, media, alta, máxima y súper máxima seguridad.
    Cada una de esas categorías implica un nivel de vigilancia distinto que, en el caso de las de súper máxima seguridad, implicaría segregación de reos, vigilancia permanente y control de visitas, que sólo se podrán realizar a través de medios electrónicos y previa aprobación en una lista.
    Entre las novedades de la propuesta, se observa la creación de la figura de “semilibertad”, consistente en la previsión de que ciertos internos puedan pasar tiempos establecidos dentro y fuera de la cárcel.
También destaca la incorporación del concepto de “industria penitenciaria”, es decir, la contratación de reos por parte de empresas.
    En el documento es de destacar la sustitución del concepto de readaptación social por el de reinserción, lo que desde la reforma constitucional penal del 2008, también impulsada por Calderón, ha sido objeto de críticas por parte de destacados constitucionalistas, que califican el concepto como un retroceso garantista.