MÉXICO, D.F., 14 de abril (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la constitucionalidad de los operativos encubiertos por parte de la Policía Federal, al determinar que no violan las garantías individuales.
    En una votación dividida de seis votos a favor y cinco en contra, los ministros declararon válida la fracción séptima del artículo 8 de la Ley de la Policía Federal que, que otorga facultades para la realización de operaciones encubiertas y de usuarios simulados para la prevención de los delitos.
    La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de la PF por considerar que las operaciones encubiertas no sólo podrían violar garantías individuales de particulares, o de personas objeto de esas actividades, como el derecho a la privacidad y a la inviolabilidad del domicilio, entre otras.
    El organismo afirmó en su impugnación que las bases generales para realizar esos operativos debieron ser establecidas en la ley por el Congreso.
    Sin embargo, este jueves la mayoría de los ministros consideró que será suficiente que los lineamientos para ese tipo de acciones se establezcan en un reglamento que emita el Presidente de la República y no en una ley en particular, pues las garantías individuales se encuentran reguladas desde la Constitución.
    Los ministros Juan Silva Meza, José Ramón Cossío, Olga Sánchez Cordero y Arturo Zaldívar respaldaron los argumentos de la CNDH y señalaron que es riesgoso dejar a la discreción del Ejecutivo el desarrollo de los operativos encubiertos, los cuales, consideraron, deben ser objeto de control constitucional.
    Aclararon que no están en contra de los operativos en sí, ya que éstos son necesarios ante el clima actual de violencia en el país, pero insistieron en que sus alcances y la protección a los agentes que participen en ellos deben estar plasmados en la ley y no en el reglamento.
    Por su parte, la ministra Margarita Luna Ramos indicó que tanto el reglamento como la Ley de la Policía Federal son impugnables y pueden ser declarados inconstitucionales si se violan derechos fundamentales con su aplicación.
    Asimismo, los ministros Cossío y Olga Sánchez cuestionaron que se la posibilidad de liberar de responsabilidad penal a los agentes encubiertos que lleguen a cometer delitos, o que induzcan a otros a cometer delitos, esté contenida en un reglamento.
    Señalaron que incluso en valor probatorio que pueda tener la evidencia obtenida a través de esos operativos debe estar contemplada en la ley. Sin embargo, al final, la votación se inclinó a favor de establecer los criterios de los operativos en un reglamento.