MEXICO, DF, 19 de abril (apro).- El líder campesino Javier Torres Cruz, uno de los testigos que señaló ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) al cacique y presunto narcotraficante Rogaciano Alba Álvarez como responsable intelectual de la muerte de la activista Digna Ochoa y Plácido, fue asesinado en la sierra de Petatlán.
    Dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), Torres Cruz vivía oculto después de que en diciembre de 2008 fuera detenido en un retén militar donde fue vendado y golpeado para después ser entregado por soldados del 19 Batallón de Infantería a un grupo de gente armada, presuntamente sicarios al servicio de Alba Álvarez.
    Torres Cruz logró escapar de sus captores y denunciar a los militares ante las comisiones de derechos humanos de Guerrero y la nacional, así como ante organizaciones internacionales.
    En un comunicado, el Comité Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) y el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) informaron que, el lunes 18, el líder campesino fue emboscado en la sierra de Petatlán “por sicarios al servicio de Rogaciano Alba Álvarez”, procesado por delincuencia organizada en el penal mexiquense de alta seguridad de La Palma.
    De acuerdo con Tadeco y CCTI, el líder ecologista fue acribillado por sicarios identificados como “los Arreola”, cercanos a Alba Álvarez, cuando se dirigía a la comunidad Puerto de la Mosca, a ver a sus hijos. En la emboscada resultó herido su hermano Felipe Torres.
    Torres Cruz, según las ONG, contaba con medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en agosto de 2009, pero éstas, de forma dolosa, “nunca le fueron entregadas”.
Activista de la OCESP fundada por Rodolfo Montiel, Torres Cruz fue perseguido durante más de dos años mientras su comunidad La Morena fue invadida en varias ocasiones por tropas del Ejército mexicano.
La persecución empezó después de que en 2007 acudiera a la capital del país a denunciar a Alba Álvarez de ser el autor intelectual de la muerte de la abogada Digna Ochoa, defensora de Rodolfo Montiel, quien fue torturado por militares en 1999 y que llevó su queja hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
Cuando Torres denunció a Alba Álvarez, exalcalde de Petatlán, éste aún gozaba de poder político y económico en Guerrero, por su cercanía con el exgobernador Rubén Figueroa Alcocer.
De acuerdo con las organizaciones sociales, la detención de Alba Álvarez en 2010 no relajó la presión sobre la familia Torres Cruz, que siguió siendo hostigada por soldados del Ejército y hombres armados al servicio del exalcalde y exlíder del PRI en la región de la Costa Grande.
Para Tadeco y CCTI, el líder campesino “es una víctima más de la criminalización de la lucha social y de la llamada guerra contra el narco, de esa guerra de capitales oscuros donde el Estado ha tomado partido y el gobierno de (Felipe) Calderón es parte de los contendientes, coludido con los grupos de poder político y económico integrados en las cúpulas de los partidos y en los grupos empresariales”.
En el comunicado, la familia Torres, CCTI y Tadeco exigen el esclarecimiento del asesinato de Javier, así como de otros miembros de su familia; la salida del Ejército de la región de la sierra, y la implementación de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH desde 2009.
También demandaron que “no se utilice el discurso de la lucha contra el narcotráfico para encubrir actos de hostigamiento e intimidación en contra de las comunidades de la Sierra de Guerrero, se transparente la presencia militar en la región y se esclarezca la presencia de paramilitares con informes fidedignos de sus acciones y resultados”.