MONTERREY, NL, 21 de abril (apro).- El alcalde panista de San Pedro, Mauricio Fernández Garza, recurrió a otra de sus excentricidades y ahora dispuso que las empleadas domésticas que trabajan en el municipio sean empadronadas a fin de, dijo, prevenir robos domiciliarios.
La medida, única en el país, ha sido reprobada por organismos civiles que acusan al polémico munícipe de “discriminador y fascista”, por estigmatizar como potenciales delincuentes a un grupo de personas como son las auxiliares del hogar.
Pese a la oposición de grupos sociales, la medida ya comenzó a operar en este municipio, uno de los más ricos de México, con el argumento de que el empadronamiento es “voluntario”, y quienes se apeguen a él reciben una credencial con la cual obtienen beneficios por parte del municipio, como descuentos en quioscos públicos con acceso a Internet y cursos de capacitación gratuitos, entre otros.
El encargado del proyecto y director de Participación Ciudadana,  Luis Susarrey Flores, considera a este sector de la población económicamente activa como el principal sospechoso de los robos domiciliarios.
Deduce: “Si un día te dicen que te robaron los espejos del carro, sabes que pudo ser en la calle, pero si un día llegan y te dicen que te robaron la caja fuerte que estaba en el cuarto de la señora, en un lugar específico, ahí sí creo que ningún ratero que se meta a una casa va a tener acceso a esa información más que quien labora ahí”.
Más todavía: anuncia que luego del enlistamiento de las nanas, sigue el de los albañiles y comerciantes ambulantes para controlar el acceso de cualquier persona a las colonias de San Pedro.
El alcalde, por su parte, anunció que en breve también serán registrados los taxistas que circulen en el municipio.
Sin embargo, el maestro de la Escuela de Graduados en Administración Pública (EGAP) del Tecnológico de Monterrey, Luis Eduardo Zavala de Alva, advierte de los peligros de manejar un padrón como el de las domésticas, pues los datos que se entregan al municipio, como filiación personal y dirección, pueden ser utilizados con propósitos perversos si caen en manos equivocadas.
Paradójicamente, la medida cuenta con el respaldo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHNL).

Sólo domésticas

En entrevista, Susarrey Flores asegura que según el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi), San Pedro cuenta con 122 mil habitantes distribuidos en 240 colonias. Hay registrados 40 mil predios, 25 mil de los cuales corresponden a la zona residencial.
La estimación municipal es que 70% de los hogares de la clase alta cuentan con trabajadoras auxiliares.
De acuerdo con la misma fuente, en San Pedro hay 5 mil 800 empleadas domésticas, pero el funcionario calcula que la cifra real es de 15 mil.
Por su parte, el ombudsman estatal destaca que a escala nacional se tiene un registro de un millón 819 mil 904 empleadas domésticas.
El funcionario municipal refiere que, en el transcurso del 2010, en delitos relacionados con robos domiciliarios, los patrones presentaron 27 denuncias penales que arrojaron un saldo de seis trabajadores domésticos detenidos.
En ese mismo lapso fueron presentadas de manera informal al Control de Mando de la policía local (C4), unas 357 denuncias de robo, de las que en 220 casos los quejosos sospechaban que los integrantes del servicio doméstico estaban involucrados.
A partir de esa constante fue creado el programa llamado “De Ti y Por Ti”, para identificar a los trabajadores del hogar en casas de este municipio, la mayoría mujeres, que comenzó a funcionar el lunes 11 de abril en los bajos del palacio municipal con un presupuesto anual de 120 mil pesos.
En los primeros cuatro días se empadronó a 103 personas que proporcionaron un comprobante del domicilio en el que laboran y una identificación para entregarles a cambio su tarjeta de doméstica con foto.
Curiosamente, la mayoría de las trabajadoras acudían acompañadas de sus empleadores.
En una segunda etapa serán colocados módulos de inscripción en cada colonia, así como una local permanente en las oficinas de Participación Ciudadana, hasta el mes de agosto, cuando concluya el registro.
Susarrey Flores sostiene que esta medida fue un programa de campaña del panista Mauricio Fernández.
Pese a quienes ven la acción como una forma de discriminación, el ayuntamiento la considera una buena razón para reconocer la labor de las empleadas y empleados domésticos.
Explica: “Con la credencial que expide la Secretaría de Ayuntamiento, ellas tienen acceso a quioscos cibernéticos, clases de computación, cursos deportivos, talleres culturales y al uso de los espacios, apoyos sociales, asesoría jurídica y sicológica, repostería y muchos más”.
Es enfático al señalar que el municipio no busca establecer “un control” en el tránsito de personas por calles de la localidad, pues las autoridades locales carecen de facultades para restringir el acceso a cualquier lugar, de acuerdo al artículo 11 constitucional.
“No podemos correr a alguien del municipio, pero lo que sí podemos hacer es tener un registro e información de quién trabaja aquí para, si en determinado momento, alguien llega a cometer un robo, pues ya tengamos un antecedente de esa persona”, dice.
De esta manera, los residentes que quieran acceder a personal para labores del hogar serán informados por el municipio sobre los antecedentes de los registrados. Así podrán saber quiénes han delinquido, abunda, lo que les permitirá “premiar” con empleo a los trabajadores honestos.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos está enterada del programa y dio el visto bueno, según Susarrey Flores, quien afirma que el listado es legal, pues se hace de manera voluntaria.
Con medidas como esta, se jacta, consolidarán al municipio como el más seguro del país y con la mejor policía de México.
Se le pregunta por qué no credencializar también a patrones, pues está demostrado que algunos de ellos también han delinquido.
Responde: “Todos los ciudadanos son susceptibles de hacer acciones positivas o negativas. Necesitamos un registro de la gente que trabaja en San Pedro para prevenir situaciones de inseguridad, pero con esto no decimos que no puedan delinquir otras personas y, a cualquier denuncia, se le da seguimiento normal, sea empleada doméstica, empresario o quien sea”.
Explica que no necesitan empadronar a empresarios del municipio porque todos ellos están registrados a través de sus negocios. “El problema con los del servicio doméstico es que no teníamos ninguna información de quiénes eran. Ya tenemos datos de todos los empresarios y un registro catastral. Ya sabemos quién vive en el municipio, también quiénes, sin vivir en el municipio, tienen actividad laboral aquí”.
El 1 de febrero pasado, el alcalde Mauricio Fernández declaró, en una reunión de vecinos, que con este registro se podría conocer mejor el comportamiento de los trabajadores en el hogar.
"Es un problema muy serio, porque por mejor policía que podamos tener en San Pedro, yo no tengo acceso a quién contratas ni a saber qué está pasando en tu casa", dijo en esa ocasión.
Mientras en el Congreso estatal la medida fue respaldada por el diputado panista Víctor Fuentes Solís, quien consideró que los “tiempos actuales” requieren medidas que pueden estar “al filo de una violación de los derechos humanos”, como este programa de empadronamiento.
En muchos de los robos que hoy en día se cometen, aseguró, “lamentablemente se encuentran coludidos en ellos o participan personas de asistencia doméstica, a veces choferes, jardineros, ayudantes que pueden ser presionados por personas que se dedican a delinquir, y otras veces por iniciativa propia”.
Considera “repetitiva” la participación de trabajadores domésticos en delitos que mayormente son patrimoniales.
Incluso la presidenta de la CEDHNL, Minerva Martínez Garza, dio su aval para que San Pedro emprendiera el censo de las domésticas.
En un comunicado difundido el 2 de marzo, cuando se afinaba el plan, dijo que su preocupación era que la información fuera obtenida en contra de la voluntad de los sujetos, fuera usada indebidamente o generara discriminación.
Sin embargo, señaló que luego de reunirse con autoridades municipales, encontró que el censo traerá beneficios sociales a las empleadas y que el municipio le garantizó que los datos personales serían debidamente ‘blindados’.
“Con dichas modificaciones se asegura el respeto de los derechos humanos de las trabajadoras domésticas del municipio de San Pedro Garza García, a partir de las acciones que se puedan derivar de lo estipulado en el plan”, concluye el boletín.

Peligros y violaciones

El investigador del Tec de Monterrey e integrante civil de la Unidad de Formación y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Luis Eduardo Zavala, considera que el empadronamiento es violatorio de las garantías fundamentales.
“El fin no justifica los medios. La autoridad no puede ejercer una acción violatoria en torno a datos que no sean libremente proporcionados por la persona; no puede haber control sobre un grupo formado mayormente por mujeres que quieren mejores condiciones de trabajo y que no tiene protección legal, y que son objeto, por ello, de violación a sus derechos humanos”, advierte.
En un extremo, el caso del registro de las empleadas domésticas de San Pedro podría tipificarse como tráfico de personas, si es que se integra este padrón con una doble intención y con la autoridad coludida para proporcionarle los datos a organizaciones criminales.
“El delito de tráfico y explotación de mujeres, en este contexto de inseguridad, se vuelve más grave cuando la autoridad recoge datos y, con ellos, pueda luego pasarlos a grupos criminales”, dice el estudioso.
En entrevista, considera que el alcalde Mauricio Fernández, aunque tenga buenas intenciones, peca de desconocimiento en materia de derechos humanos.
La organización social Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) también encuentra cuestionable el argumento de la filiación voluntaria, pues algunas mujeres podrían ser objeto de presión de sus empleadores.
En su pronunciamiento del miércoles 20, advierte: “La supuesta voluntad de las personas censadas no está garantizada. No es dable suponer, sin más, que personas pertenecientes a un grupo especialmente vulnerable tendrán en los hechos la capacidad para decir sin presiones si desean o no ser registradas”.
“¿Qué sucedería si los patrones de una empleada le exigen que entre al censo y ella no quiere hacerlo? ¿Hay en este caso auténtica voluntad de la persona registrada?”.
Por su parte la diputada priista presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Mary Huerta Rea, denuncia en entrevista que esta medida de control emprendida por el ayuntamiento de San Pedro es violatoria de las garantías individuales.    
Sostiene que la autoridad municipal viola el 11 constitucional relacionado con el libre tránsito, pues el listado hará selectivo el acceso de trabajadores a ciertas calles.
También hay violaciones al artículo cuarto de la Constitución local y al quinto de la federal, que establecen que cualquier persona puede dedicarse a trabajar libremente en lo que quiera.
Destaca que inicialmente el empadronamiento estaba incluido en el Plan Municipal de Desarrollo de esta administración que entró en funciones el 1 de noviembre del 2009, pero debido a la polémica que generó fue trasladado a un programa para la comunidad.
“Aunque ya le quitó lo obligatorio a este padrón, no estamos de acuerdo con este censo, porque entonces se tendrían que palomear a todas las personas que trabajan en San pedro, porque todas tienen presunción de culpables”, menciona.
Luego invoca el artículo 20 de la Carta Magna que, en su inciso b fracción primera, garantiza que toda persona es inocente hasta que se le declare culpable, “y lo que el alcalde supone es que todos los que han robado ahí son empleados domésticos, que todos ellos son rateros o que han estado en este tipo de problemas”.
Pese a la controversia, la legisladora comenta que Fernández Garza no incurre en delito, pues el programa De Ti y Por Ti es voluntario.
El día en que inició el censo de las domésticas, unos 20 organismos civiles difundieron una carta dirigida a la presidenta del Congreso local, Josefina Villarreal González, en la que reprochan al alcalde panista por discriminar a las empleadas domésticas.
    “Basar la solicitud de empadronamiento en el supuesto de que los robos a casas habitación son cometidos por las trabajadoras del hogar, es una generalización que criminaliza a priori a esta población, violando el principio de presunción de inocencia y potenciando el que se cometan abusos de autoridad”, se advierte en la misiva.
    Las ONG consideran que esta encuesta consolida a Nuevo León como el estado donde hay mayor discriminación, de acuerdo con la más reciente consulta de la Conapred (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación).
    Entre las organizaciones que repudian la medidad se encuentran Alternativas Pacíficas, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Zihuame Mochilla, Procuración de Justicia Étnica, Enlace Potosino, Colectivo Plural de Mujeres, Comunicación e Información de la Mujer en Nuevo León, Agrupación Chiconamel y Alianza Cívica.
    Además de Propuesta Cívica AC Capítulo Nuevo León, Mazahuas de Arboledas de San Bernabé, Mujeres Unidas Sobre Alternativas Sociales (MUSAS), Colectivo La Bola, Pueblo Bicicletero, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Coahuila AC (FUUNDEC), Comisión de Resistencia Civil Pacífica en Nuevo León, Equidad Norte Sur, Coordinadora Nacional para Defensa de los Exbraceros, Tierra y Libertad, y Forkados.