WASHINGTON, 20 de abril (apro).- El director interino del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en ingles), Kenneth Melson, corre el riesgo de ser formalmente acusado del delito de desacato ante su negativa de entregar al Capitolio todos los documentos relacionados con la operación Rápido y Furioso.
En una carta dirigida al funcionario federal, Darrel Issa, congresista republicano de California y presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental, le advierte sobre la posibilidad de proceder legalmente contra el Departamento de Justicia, del que depende el responsable del ATF.
“Si no cumple con la solicitud legislativa, el comité se verá obligado a iniciar los procedimientos de desacato”, advirtió el congresista por California a Melson.
El legislador explicó que el Congreso federal, por encima de la investigación interna que lleva a cabo el inspector general del Departamento de Justicia, tiene la autoridad legal para solicitar y obligar a la entrega de documentos que considere necesarios para aclarar operativos como el de Rápido y Furioso.
“Citar políticas internas del Departamento de Justicia como medida preventiva para negarle –al comité legislativo-- el acceso a los documentos, solamente fortalece las sospechas de que dichos funcionarios formaron parte en la toma de decisiones imprudentes que pusieron en riesgo la vida de personas”, apunta la carta de Issa.
Rápido y Furioso se planeó presuntamente para contener el tráfico ilegal de armas a México y detener a los proveedores de arsenal a los cárteles del narcotráfico.
Bajo este operativo, agentes del ATF en Phoenix, Arizona, permitieron que varios delincuentes hicieran adquisiciones múltiples de todo tipo de armas y además, bajo su supervisión, se permitió que las traficaran a México.
Al perder el rastro de las cerca de 2 mil 500 armas internadas en México, el ATF suspendió Rápido y Furioso, obligando al Departamento de Justicia a realizar una investigación interna; sin embargo, con este argumento, la dependencia se niega a entregar información sobre el polémico operativo.
Issa había marcado al pasado 13 de marzo como fecha límite para que el ATF entregara al Congreso todos los documentos de Rápido y Furioso, pero Melson incumplió argumentando que el Departamento de Justicia está llevando a cabo su propia investigación.
“El comité continuará analizando de manera vigorosa este asunto, en parte porque está preocupado por el hecho de que varios individuos han dicho que no tienen confianza en la capacidad del Departamento de Justicia para revisar las acciones que toman sus altos mandos”, remató Issa en la misiva.