MONTERREY, Nuevo León. 22 de abril (apro).- Carente de una política criminógena, el gobierno de Felipe Calderón ha destinado sus esfuerzos a combatir consecuencias y no el origen de la problemática, afirma el presidente del Colegio de Licenciados en Criminología de la República Mexicana, Ramiro Ramírez Pérez.

En entrevista, refuerza su dicho con una metáfora:

“(La de Felipe Calderón) es una política errónea, que pretende erradicar el problema matando moscas, pero sin remediar el basurero”.

Licenciado en Derecho, en Criminología y en Trabajo Social con maestría en Altos Estudios Internacionales, el especialista insiste en que, mientras el estado mexicano sea incapaz de erradicar las causas de la actividad criminal, atacando con violencia los efectos de ésta, no se podrá erradicar ni lo uno ni lo otro.

El también maestro investigador de criminología en la Universidad Autónoma de Nuevo León, doctorado en derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con la tesis “Enfoque Biojurídico de la Dorgadicción en México”, es actual director de la Academia Regional del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que capacita con fondos federales a las policías locales de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí.

Ramírez Pérez afirma que las claves están en la urgencia de políticas sociales, a las que se integra la política de seguridad.

“La prioridad está en el fortalecimiento del sistema educativo, en la atención a la salud y en el combate a la pobreza, pues estos son los factores criminógenos constantes en el análisis de la conducta delictiva”, sostiene.

Agrega que el análisis no debe malinterpretarse, pues no se quiere decir que la delincuencia esté asociada a la pobreza, sino que la ausencia de oportunidades coloca a la población en condiciones de mayor vulnerabilidad frente al crimen.

El orden de los factores, a su juicio, es importante, pues además del rezago histórico en la brecha de desigualdad, uno de los aspectos más desatendidos por el gobierno mexicano es el de la prevención de adicciones que, ante la falta de una medición precisa sobre las condiciones del consumo, sólo puede referirse como uno de los factores que exacerban la violencia.

A pregunta expresa sobre los perfiles sociopáticos de la violencia actual, en que fusilamientos, tiroteos, mutilaciones, decapitaciones y tratos crueles e inhumanos entre grupos delictivos que se han asimilado a la cotidianeidad mexicana, Ramírez Pérez afirma que si bien esas conductas pueden tener orígenes diversos, siempre hay un desencadenante que, en el proceso violento vigente, tiene que ver generalmente con el consumo de alguna sustancia tóxica.

“Sea cual sea su perfil antecedente, en algún momento el ejecutor tiene consciencia de que está haciendo mal. Pero sucede como con los soldados estadunidenses que eran abastecidos de droga para desinhibirlos en la ocupación”.         

Radicado en Monterrey, Ramírez Pérez ha mantenido su actividad docente por 30 años, ha publicado dos libros denominados “Recetas Caseras”, que con consejos prácticos recomienda a familias algunas claves para prevenir conductas delictivas y cuyos ejemplares se distribuyen en barrios pobres de esta zona metropolitana.

Pero insiste en el orden de los factores que debería implicar la política de combate a la inseguridad, que luego de preconizar la política social y de salud, debe atender la forma en que se persigue el delito.

“Frente a los índices de impunidad, superiores al 90%, es claro que la ausencia de una policía científica imposibilita al ministerio público para actuar con la fuerza suficiente y que no pierda en tribunales”, afirma Ramírez Pérez quien dedicó 20 años de su vida a ser agente del ministerio público federal y subdelegado de la Procuraduría General de la República.

No obstante, afirma que la pinza se debe cerrar en torno a la rehabilitación, otro de los factores que han fracasado en México, debido a la ausencia de tratamiento penitenciario, con lo que se materializa con frecuencia el lugar común que alude a las cárceles mexicanas como escuelas del crimen.

De fracaso en fracaso, retoma su crítica al modelo de combate asumido por el gobierno federal en los últimos años, en que de las policías se pasó al ejército y ahora a la Marina Armada de México, para combatir el delito.

El resultado, dice, ha sido el debilitamiento institucional con múltiples efectos, entre los que destacan las pesquisas judiciales contra los cuerpos policiacos, pues sostiene que “con la bandera de depurarlos, dan de baja a policías entrenados que, con el antecedente y el estigma, difícilmente encontrarán otra actividad redituable que no sea la delincuencia”.

Para el criminólogo,  “mucha gente está sacando jugo al escenario de violencia que prevalece en el país, pero por ninguna parte se ve disposición política para hacer las cosas que hacen falta, los factores necesarios para establecer una política integral”.