MÉXICO, D.F., 22 de abril (apro).- Un juez federal ordenó el arraigo por 40 días de Martín Omar Estrada de la Mora, El Kilo, presunto jefe de Los Zetas en San Fernando, Tamaulipas, acusado del homicidio de por lo menos, 217 personas que fueron enterradas en 28 fosas clandestinas en esa comunidad.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que, junto con El Kilo, fueron arraigadas ocho personas más relacionadas con los mismos hechos. Los nueve arraigados fueron detenidos el pasado 16 de abril en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Según investigaciones de la Secretaría de Marina, El Kilo ordenó la ejecución de 72 migrantes y otras 145 personas en San Fernando, Tamaulipas, ya que se negaron a formar parte de las actividades criminales de Los Zetas. La mayoría de las víctimas eran inmigrantes centroamericanos que tenían como objetivo cruzar la frontera con Estados Unidos.

Entre los nueve arraigados figuran cuatro mujeres.

El Fiscal de la Federación adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) obtuvo de un juez federal la medida cautelar contra Luis Manuel Salazar Sánchez, Gordo Flor; Víctor Cuitláhuac Montoya Torres, El Degollado; Yesenia Yanet López Romero y/o Yesenia Vianey López Romero; Claudia Valeria Fuentes Martínez, La Popis; Heber Alfredo Ahumada Banda, El Cholo; Miguel Ángel Hernández Hernández, El Chimuelo; Julieta Maricela Almaguer Reyes y Fabiola Saray Díaz Arroyo.

Los detenidos son señalados como probables responsables de los delitos de delincuencia organizada, homicidio, privación ilegal de la libertad y lo que resulte.

Además de los ahora arraigados, elementos del Ejército Mexicano presentaron a cuatro menores de edad, mismos que fueron remitidos ante el agente del Ministerio Público Especializado para Menores en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

La medida cautelar de arraigo permitirá al Ministerio Público profundizar y ampliar las líneas de investigación para la integración de la averiguación previa.

La PGR de nueva cuenta hizo un llamado a las personas con familiares que se encuentren en calidad de desaparecidos o que desconozcan su paradero, pero tengan conocimiento de que se dirigían a la frontera norte en el período del 19 al 31 de marzo de 2011, para que denuncien ante las Delegaciones de la PGR de la República y las Procuradurías  de Justicia en los estados, con la finalidad de recabar muestras de ADN y que aporten elementos encaminados a la identificación de las víctimas.