MONTERREY, N.L., 25 de abril (apro).- Siete militares integrantes de las Fuerzas Estatales de Apoyo de Seguridad Pública de Nuevo León fueron arraigados por la muerte de Jorge Otilio Cantú, quien el pasado 18 de abril quedó atrapado en el fuego cruzado entre uniformados y presuntos pistoleros, en la colonia las Brisas, al sur de Monterrey.

El gobernador Rodrigo Medina de la Cruz señaló esta mañana que un juez local ordenó el arraigo de los soldados que se integraron en enero a trabajos de vigilancia policiaca en la localidad, para fortalecer la investigación por la muerte del hombre de 29 años, que fue acribillado a las 06:00 horas cuando se dirigía a su trabajo en el cruce de Lázaro Cárdenas y Puerto San Blas.

Dijo el mandatario: “La acción que hemos estado llevando a cabo ha sido muy puntual y compartimos con el gobierno federal que vamos a continuar la investigación, independientemente de que sean sujetos comisionados a la secretaría de Seguridad Pública (Estatal) y que pudieran ser sujetos a legislación federal”.

“Por lo pronto tenemos siete policías arraigados. Vamos a seguir estas investigaciones. Avanzamos con cautela, pero de manera contundente y rápida y finalmente la Procuraduría tendrá su dictamen final para la consignación correspondiente en caso de que sea necesario”.

En los hechos, los policías reportaron que habían encontrado una pistola escuadra en la camioneta Dodge Ram que conducía la víctima.

Después de la balacera, el procurador Adrián de la Garza Santos convocó a una inusual conferencia de prensa para reconocer que Cantú Cantú era inocente y aclarar que la pistola fue colocada en la camioneta “por un error de procedimiento” de los agentes que participaron en el aparente enfrentamiento.

En los hechos, la camioneta de la víctima fue impactada en su parte trasera por la patrulla 558, en la que se desplazaban algunos de los militares de las Fuerzas Especiales que resultaron lesionados en la colisión.

Trascendió que las balas que alcanzaron a Cantú Cantú le fueron disparadas por la espalda.

Desde enero, el gobierno de Nuevo León anunció que soldados se integrarían a las fuerzas estatales, con armamento propio, para hacer patrullajes vestidos como uniformados nuevoleoneses.