MÉXICO, DF, 25 de abril (apro).- A unas horas de que la dupla PRI-PAN pretenda aprobar reformas a la Ley de Seguridad Nacional, los priistas en la Cámara de Diputados rechazaron que se pretenda dar “un albazo” o que hayan “negociado o canjeado” algo a cambio de dar su voto a favor del dictamen.
    Además, la intención de que sean avaladas en el pleno este martes 26 quedó en suspenso, debido a que el lunes 25 partidos como el PT, PRD, Convergencia y PVEM presentaron sus “observaciones” al proyecto que elaboró el PRI, y apenas éstas serán procesadas o incorporadas a la minuta.
    Tanto la Junta de Coordinación Política (Jucopo), como la comisión especial que se integró para analizar las propuestas de los distintos partidos políticos, abordaron el tema de cómo se llevaría el tema al pleno: es decir, si se deja que la minuta sea aprobada en las cinco comisiones a las que se envió, o se decide que quede sólo en la de Defensa Nacional y Seguridad, para enviarla así en un tiempo más corto al pleno, incluso antes de que concluya el actual periodo de sesiones.
    El diputado priista Alfonso Navarrete Prida, abogado y principal negociador de la reforma, dijo que nunca ha acudido a la Secretaría de Gobernación a entregar el borrador sobre los cambios (como lo publicó Proceso en la edición 1799 de esta semana), y mucho menos su partido ha negociado el tema o lo ha puesto como moneda de cambio.
    “He escuchado versiones verdaderamente fantásticas y absurdas, donde dicen que su servidor incluso ha andado en la Secretaría de Gobernación. En la secretaría hay registros seguramente, ojalá pudieran hacerse públicos para ver si alguna vez su servidor estuvo negociando algo en la secretaría que no fuera a negociar con mis pares, con mis compañeros, con argumentos jurídicos”, sostuvo Navarrete Prida en conferencia de prensa.
    Añadió: “El PRI no está negociando situación alguna. Tan no es así, que de frente está asumiendo, inclusive, con los costos políticos que lleva salir de frente con una propuesta… Lo que estamos negociando, nada más, es poder ponerle orden al país a lo que ha sido un desastre en el manejo de la política pública y el combate al crimen organizado, en el desgaste a las Fuerzas Armadas, en la violación sistemática a los derechos humanos, en el desgaste a las instituciones protectora de derechos.
    “Esa es la única intención que animó esta iniciativa, no el canje de nada. En estos temas no se puede canjear nada”, afirmó.
    Sobre las grandes modificaciones que hicieron a la minuta sobre la Ley de Seguridad Nacional que el Senado de la República les envió el 28 de abril de 2010, Navarrete Prida explicó, al término de la segunda reunión con la comisión especial o grupo plural, que “ese dictamen estaba muy limitado”.
    Y argumentó: “Hacía inoperante la posibilidad de atender una emergencia, una situación de afectación a la seguridad interior, cuando todo se subordinaba al artículo 119 constitucional, que es la excitativa de los Congresos locales para solicitar la entrada o el auxilio de las Fuerzas Armadas (tesis jurisprudencial que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció desde 2008).
     Es decir, que el Senado aprobó reformas a la citada ley tomando como base lo que la Corte les permitió en la materia; sin embargo, el PRI en la Cámara de Diputados basó sus cambios en varios artículos de la Constitución para poder establecer la diferencia entre “seguridad nacional” (que actualmente la Constitución no establece cómo operarla) y lo que es seguridad pública.
    Navarrete Prida detalló que los cambios son, entre otros artículos, al 29 (que tiene que ver con la declaración del estado de excepción o suspensión de garantías), y que sólo como “última medida puede adoptar el Estado”, según las propuestas.
    El artículo 89, fracción VI, que es dejar en claro que hay un responsable para el uso de la Fuerza Armada, es decir, el Ejecutivo federal.
    El 19, que habla de los delitos contra la seguridad de la nación, y el 16 y el 119 constitucionales.
    Pero todos los cambios, añadió, se hicieron con apego al respeto de los derechos humanos y de las garantías individuales.
Además, dijo, se establecieron “candados” para que no haya posibilidad de que no se respeten los derechos humanos.
    A su vez, la perredista Teresa Incháustegui, especialista en seguridad, rechazó que las reformas propuestas tengan “candados” únicamente, pues también existen las “llaves” para abrir esas restricciones.
    Consideró que sí se pueden violentar los derechos humanos, por lo que el PRD se opondrá a que las reformas pasen tal cual en el pleno.
    La misma opinión sostuvieron los representantes petistas Laura Itzel Castillo y Mario Di Costanzo, así como el convergente Pedro León, quienes advirtieron que harán todo lo posible para evitar la aprobación; incluso están haciendo un llamado para que dar a conocer al mediodía de este martes las acciones a seguir.
    Y finalmente, Pablo Escudero, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), dijo sentirse satisfecho, pues durante la reunión del grupo plural, Navarrete Prida les aseguró que se buscaría una redacción que establezca la total prohibición a cualquier abuso y para cambiar cualquier resquicio que abriera la puerta a la violación de derechos humanos.