MÉXICO, D.F., 26 de abril (apro).- Decenas de organizaciones no gubernamentales exigieron a legisladores federales abrir un espacio de debate de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional en el que participen miembros de la sociedad civil y representantes del Ejecutivo Federal, antes de que la Cámara de Diputados someta al pleno las modificaciones legislativas propuestas por Felipe Calderón.
    En una carta dirigida a legisladores integrantes de las comisiones dictaminadoras, de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados organizaciones sociales e investigadores, alertan sobre los riesgos que conlleva la iniciativa, pues a su juicio se contrapone con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.
    En ocho cuartillas, los firmantes exponen que sus principales preocupaciones son que la iniciativa confiere la “regularización de la participación de la Fuerza Armada Permanente (FAP) en labores que constitucionalmente no le corresponden”; “la criminalización de la protesta social pacífica, la defensa de los derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión”.
Asimismo, la “ausencia de controles democráticos sobre la actuación de la FAP en la atención a supuestas ‘afectaciones a la seguridad interior’, particularmente en lo tocante a la aplicación extensiva de la jurisdicción militar a delitos constitutivos de violaciones de derechos humanos de civiles”.
    En el escrito recuerdan que desde 1998 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por la “creciente utilización de agentes de fuerzas armadas en labores policiales en nuestro país”, situación que se ha intensificado a partir de 2007, con una efectividad “por demás cuestionable”.
    Resaltan que, de acuerdo con datos oficiales, el despliegue de 60 mil elementos de las fuerzas armadas en calles o espacios públicos y la proliferación de oficiales o exoficiales castrenses al frente de las instituciones policiales en las entidades federativas, ha tenido un “costo humano bastante alto”.
    Destacan que la militarización del país ha significado el incremento de quejas presentadas contra efectivos militares ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tanto así que en 2010 el 33% de las quejas recibidas eran contra integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), además del incremento de crímenes violentos, contabilizada por el gobierno federal en 34 mil 612 de diciembre de 2006 a finales de 2010.
    “Como efecto de la actual política de seguridad federal, se han multiplicado los casos de tortura, detenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas por parte del Ejército, policías y grupos irregulares”, aseguran los firmantes.
    Apuntan que al estar “ampliamente indeterminados” los destinatarios de las normas en las definiciones de amenazas y obstáculos, de aprobarse el predictamen “redundaría en la criminalización de conductas que no son delictivas, tales como la protesta social pacífica, la defensa de los derechos humanos o el ejercicio del periodismo”, situación que se agrava “cuando se otorga a los elementos de la FAP la facultad de privar de su libertad a las personas y mantenerlas en custodia en coordinación con la PGR”.
    Critican que el predictamen “no satisface la necesidad de armonizar la legislación interna con la obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos”.
    Recuerdan que en cuatro sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) --casos Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú y Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera— ordenó reformas al Código de Justicia Militar, tras considerar que contraviene la Convención Americana de Derechos Humanos.
Pese a que la “Corte IDH reiteró que bajo ninguna circunstancia el fuero militar puede ser competente para investigar o juzgar delitos cometidos por elementos de las fuerzas armadas en contra del civiles”, en el predictamen las comisiones dictaminadoras conceden “jurisdicción al fuero militar sobre asuntos que corresponden exclusivamente a los tribunales ordinarios”.
    Al solicitar un debate en sesión de las comisiones unidas de ambas cámaras involucradas en la dictaminación de la minuta, las organizaciones y académicos piden que la Ley de Seguridad Nacional “se sujete a la obligación objetiva del Estado mexicano de garantizar el respeto y protección irrestrictos de los derechos humanos, incluyendo el derecho humano a la seguridad”.
    Además, piden que el dictamen de la Cámara de Diputados se acate lo dispuesto por la Coidh “en lo tocante a la prohibición de aplicar exclusivamente la jurisdicción militar a casos en los que se encuentren involucrados civiles” y que se incorporen los “estándares y recomendaciones internacionales en materia de seguridad ciudadana”  y que tenga “un enfoque integral, compresivo de las dimensiones sociales, políticas y económicas de la innegable problemática de seguridad que hoy atraviesa nuestro país y no sola ni privilegiadamente al uso de la fuerza”.
    Firman el escrito 73 organizaciones afiliadas a la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todas y todos (Red TDT), la Academia Mexicana de Derechos Humanos, la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos (Afadem), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias- México (AMARC-México), la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDHN), el Colectivo de Organizaciones Michoacanas de Derechos Humanos (COMDH), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), entre otras agrupaciones, así como Clara Jusidman, Elena Azaola, John Ackerman y Rodrigo Olvera Briceño.