Priistas y gobierno estancan reforma a Ley de Transparencia: Peschard

miércoles, 27 de abril de 2011

MÉXICO, DF, 27 de abril (apro).- La presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI), Jacqueline Peschard, acusó a diputados priistas de negarse a aprobar las reformas legislativas que, avaladas ya por el Senado, permanecen estacadas en la Cámara de Diputados.
    Particularmente, la presidenta del IFAI mencionó que el diputado priista, Humberto Benítez Treviño, quien preside la Comisión de Justicia, así como los integrantes de la Comisión de la Función Pública, son quienes han evitado dictaminar la iniciativa, aprobada ya en la de Gobernación.
    Lamentó que las comisiones dictaminadoras de la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental hayan estancado el proceso legislativo, lo que calificó como “una deuda del legislador con la transparencia”.
En entrevista en la sede del IFAI, al concluir la sesión del pleno, Peschard Mariscal advirtió que, además de la resistencia de varios legisladores, en algunos sectores del gobierno también existe oposición a que prosperen los cambios a la ley de transparencia.
    Jacqueline Peschard señaló que de realizarse la reforma, se daría mayor consistencia jurídica en cuanto al acceso a la información y a la protección de datos personales.
“Esto nos permitiría hacer más público lo público, por ejemplo, en lo que se refiere a los fideicomisos, pero ahí es donde se manifiestan las resistencias del gobierno”, abundó.
    Desde hace varios meses, Peschard Mariscal ha señalado que la transparencia está en peligro, debido a la resistencia del Ejecutivo por cumplir con su obligación de rendir cuentas, así como del Legislativo, por los intentos de acotar las facultades del organismo.
    Apenas el martes 26, el IFAI emitió un posicionamiento en el que instó a los legisladores a aprobar la reforma antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, el próximo 30 de abril, pues de lo contrario se negaría la puesta en marcha de derechos “de segunda generación” en materia de transparencia en México.