CD. JUÁREZ, Chih., 29 de abril (apro).- El presidente municipal de Ciudad Juárez, Héctor Murguía Lardizábal, pretende imponer una especie de “toque de queda” para adolescentes, por medio de un programa que restringe la presencia de menores de edad en las calles después de las diez de la noche.

El edil intenta revivir el programa “Después de las 10, en casa en mejor”, que puso en marcha durante su primer periodo como alcalde, en el trienio 2004-2007.

 Murguía Lardizábal dijo para volver a aplicar el programa --el cual niega que sea un “toque de queda” o que viole los derechos de los adolescentes-- primero realizará una consulta entre los distintos sectores de la sociedad juarense para determinar si están o no de acuerdo con la medida.

El presidente municipal dijo que su propuesta ha sido bien recibida, según lo que ha observado en distintos grupos sociales y medios de comunicación locales. Sin embargo, admitió que las circunstancias son muy distintas a las que había durante su primer periodo como alcalde.

Lo más importante, dijo, es cuidar el objetivo general, “que es resguardar a nuestros jóvenes menores de 18 años”, pues en el pasado se presentaron casos donde una niña de 14 años fue resguardada por varios días y sus padres nunca acudieron por ella, ejemplificó.

Murguía Lardizábal indicó que para este análisis se invitará a especialistas como la Barra y Colegio de Abogados, ya que se tocarán los puntos legales que se deben estudiar.

 “Esto no es un toque de queda, no es una vulneración a los derechos humanos o libertades de tránsito, es una protección a aquellos que son vulnerables ante la situación en Juárez”, aseveró.

El programa “Después de las 10, en casa es mejor” lo aplicó originalmente --a principios de 2007-- la comunidad religiosa que integra la parroquia Santa Teresa, en la colonia Oasis Revolución, donde los padres de familia se comprometieron a mantener a sus hijos lejos de las calles por las noches en ese sector, que para entonces vivía altos índices de criminalidad derivada de la proliferación de pandillas.

A este plan se sumó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), y la medida se extendió a toda la ciudad, lo que generó voces encontradas, ya que aquellos menores de edad que eran localizados en las calles eran “asegurados” por policías y transportados en patrullas a estaciones de la corporación, de donde no podían salir hasta que fueran recogidos por sus progenitores.

Algunos grupos de la sociedad civil manifestaron su inconformidad por este tipo de acciones que consideraban violatorias de las garantías individuales.