MÉXICO, D.F., 4 de abril (apro).- La Cancillería salvadoreña dio a conocer este lunes un informe en el que señala que al menos 250 salvadoreños fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos en la zona sur de México, otros 21 murieron en su intento por llegar a Estados Unidos y 81 están desaparecidos.

 De acuerdo con el informe, de esas 21 víctimas mortales, 14 formaban parte del grupo de 72 inmigrantes presuntamente ejecutados por Los Zetas en agosto del año pasado en San Fernando, Tamaulipas.

En conferencia de prensa, el viceministro para salvadoreños en el exterior, Juan José García, detalló que de los 250 salvadores víctimas de violaciones a sus derechos humanos, 98 fueron afectados en casos individuales y 152 en 28 casos colectivos, perpetrados “en su mayor frecuencia” por la Policía Federal, crimen organizado y delincuencia común en el sur de México.

El estudio compila los casos recogidos por los cuatro consulados y las dos agencias consulares salvadoreñas que funcionan en el sureste de México, y –según García– se trata de un esfuerzo por observar “la situación de la población salvadoreña en tránsito”, aunque admitió que existe un “subregistro”.

Asimismo, señaló que cuando ocurre la participación de autoridades mexicanas, “el tema ya no solamente es un delito grave, sino que es una violación de derechos humanos y nosotros hemos contabilizado 31 casos de violación a derechos humanos, tanto colectivos como individuales", destacó García.

Al respecto, el procurador de los Derechos Humanos de El Salvador, Oscar Luna, dijo que “si el gobierno de México ha cometido, por acción o por omisión, violaciones a derechos humanos, obviamente tendrá que responder. Ese es un procedimiento que lo sigue la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México”, apuntó.

“Este es un precedente importantísimo en el marco de los derechos humanos”, agregó.

El canciller del país centroamericano, Hugo Martínez, matizó las declaraciones del procurador al señalar que el informe correspondiente a 2010 –realizado con la ayuda de los testimonios de inmigrantes que fueron visitados en albergues, centros de detención y estaciones migratorias, en su mayoría en el sureste de México– “no es un asunto de una acusación, no es un asunto de una situación de descargar la responsabilidad, sino que es un mecanismo de corresponsabilidad”.

Es, agregó, parte de un acuerdo que se suscribió en octubre pasado para “aumentar nuestra capacidad de verificar el respeto a los derechos humanos de nuestros compatriotas, de documentar cualquier violación para buscar medidas conjuntas de actuación”.

El viceministro Juan José García detalló que en los 250 casos mencionados, 54 fueron mujeres y 196 hombres. Y además, apuntó, 41 salvadoreños (32 hombres y nueve mujeres) fueron secuestrados.

Asimismo, señaló que no fue posible conocer si salvadoreños estarían entre mil 465 personas en otros casos colectivos detectados por la red consular del país.

Según el documento, las violaciones a las garantías fundamentales se produjeron en su mayoría en el estado de Oaxaca, mientras que los delitos como secuestro, homicidios, golpes, maltratos y violaciones sexuales se cometieron principalmente en Veracruz.

Formal prisión contra cuatro traficantes de indocumentados

En México, el agente del Ministerio Público de la Federación obtuvo del Juzgado Segundo de Distrito en Querétaro el auto de formal prisión contra Bernardo González Jiménez, Esteban García Pérez, Arturo Mayorga Villeda y J. Abel Garay Martínez.

Los cuatro detenidos, quienes enfrentan su proceso penal en el Centro de Readaptación Social Varonil de San José el Alto, en Tamaulipas, están acusados de su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de violación a la Ley General de Población en su modalidad de tráfico de indocumentados y asociación delictuosa.

De acuerdo con la causa penal 39/2011-II , el 17 de marzo y 5 de abril de 2010, 40 personas originarias de los estados de Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí –entre los que se encuentran seis menores de edad– salieron en dos autobuses que viajaban con destino a la frontera con Estados Unidos, y en el trayecto desaparecieron.

Derivado de las investigaciones realizadas por el agente del Ministerio Público de la Federación y de acuerdo con las declaraciones de los familiares de los desaparecidos, se refiere que los inculpados les solicitaron la cantidad de 100 dólares (aproximadamente mil 300 pesos mexicanos) para una organización criminal, con el objetivo de dejar pasar los autobuses hacia la frontera con Estados Unidos, y mil 800 dólares por el pago de sus servicios.

Luego de ser presentados los elementos de prueba, el fiscal obtuvo las órdenes de aprehensión contra los acusados, que fueron cumplimentadas por elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en las comunidades de La Yerbabuena, La Lagunita, Aguazarca y Del Humo, pertenecientes al municipio de Landa de Matamoros