Critican desinterés oficial en la política agraria

martes, 5 de abril de 2011

OAXACA, Oax., 5 de abril (apro).- Organizaciones civiles lamentaron el desinterés del gobierno del presidente Felipe Calderón en la problemática agraria.

Representantes del Centro de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco” y Consultoría de los Pueblos Indígenas en el Norte de México, entre otros organismos, comentaron que el pasado 28 de marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia sobre la “Tenencia de la Tierra y Pueblos Indígenas en México”, en la que las autoridades no dieron ninguna respuesta a sus planteamientos, como si en el país, dijeron, no existiera la problemática agraria de los pueblos indígenas.

Tampoco, añadieron, hubo algún pronunciamiento sobre las masacres y desapariciones por conflictos agrarios.

Las organizaciones civiles de Oaxaca y Baja California que participaron en la audiencia de la CIDH expusieron que en México la política agraria que impulsa la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) destruye los núcleos agrarios indígenas, por lo que pidieron al organismo internacional que exhorte al Estado Mexicano a revisar la legalidad y funcionalidad de la SRA.

Incluso pidieron que le recomiende la creación de un Consejo  formado por representantes de las comunidades indígenas en lo que respecta al derecho a la consulta, y que se le exija detener la instrumentación de estos programas, hasta no valorar el impacto y la procedencia de los mismos.

También sugirieron que se le exija la observación de los tratados internacionales y que se respete el derecho a la reparación del daño proscrita por los mismos –de los cuales el Estado Mexicano forma parte–, para proteger las tierras y territorios de los pueblos indígenas, en virtud de que hasta el día de hoy las instituciones simplemente los ignoran.

Y más: que exija al gobierno la instrumentación de principios de derechos humanos a sus políticas públicas de desarrollo, así como el derecho a ser consultados ante cualquier programa o acción que tienda a instrumentarse en sus territorios, incluyendo la prospección o explotación de los recursos naturales de sus tierras.

Entre otros puntos, las organizaciones también pidieron la suspensión de las invasiones en los territorios indígenas en el norte del país, y que el Estado Mexicano emita una certificación del suelo indígena para que, de manera fehaciente y clara, queden delimitados sus territorios.

Asimismo, solicitaron a la CIDH que envíe una misión a México para que verifiquen las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas  relacionados con la tenencia  de la tierra.