MÉXICO, DF, 5 de abril (apro).- Familiares de Alicia de los Ríos Merino, exintegrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, quien fue detenida por la policía el 5 de enero de 1978 y desde entonces no se supo más de ella, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que abra una investigación contra el Estado mexicano por el presunto delito de desaparición forzada.

En conferencia de prensa, Alicia de los Ríos Merino, hija de la guerrillera que lleva su nombre, anunció su decisión de demandar la intervención de la CIDH en este caso, y también solicitó la participación del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

La joven aclaró que la familia asumió esa determinación después de que durante nueve años el gobierno federal, a través de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía Especial de Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), no hizo lo suficiente para encontrar a la activista y sancionar a los responsables de su desaparición.

Junto con su tía Martha Ríos y de Blanca Hernández, de la Fundación Diego Lucero, así como de Luis Arriaga, director del Centro Prodh, Alicia de los Ríos confió en que “el Estado mexicano responda de una vez por todas a las preguntas que tenemos desde hace años: dónde está mi mamá, qué hicieron con ella y si está viva o muerta, pues son ellos los responsables de su vida”.

La madre de Alicia de los Ríos fue una de las pocas mujeres guerrilleras que llegó a asumir posiciones de mando militar entre los grupos rebeldes.

Como cabeza de la Liga Comunista 23 de Septiembre, Alicia participó en varias acciones armadas hasta que en enero de 1978 fue detenida por la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), entonces dirigida por Francisco Sahagún Baca.

“Sabemos que en la detención de Alicia también Arturo Durazo Moreno (exjefe de la policía capitalina), pero lo que también sabemos es que ellos no realizaron la acción sin tener instrucciones de superiores, por lo que demandamos una investigación sobre la cadena de mando” de ese entonces, señaló Alicia de los Ríos.

La familia, originaria de Chihuahua, supo que Alicia de los Ríos estaba viva hasta 1983, ya que de acuerdo con testimonios de presos políticos de la Liga, la activista fue vista con vida en el Campo Militar Número Uno y en la Base Aérea de Pie de la Cuesta de Acapulco, Guerrero, en abril y mayo de 1978.

Sin embargo, en 1983 la familia De los Ríos recibió llamadas telefónicas, presuntamente de Alicia, en las que informaba que seguía con vida.

Luego de la creación de la Femospp, en 2002, la familia denunció la desaparición de Alicia y, el 24 de junio de ese año, se integró la averiguación PGR/FEMOSPP/030/2002, misma que desde entonces se encuentra “en integración”.

Frente a la pasividad oficial para indagar el paradero de la militante de la Liga, la familia recurrió al Centro Prodh y luego decidió solicitar la intervención de la CIDH en el caso.

“Lo que queremos es que no sólo se beneficie a la familia de Alicia de los Ríos, sino a cientos de familias que esperan a sus seres queridos desde la guerra sucia de los sesenta, setenta y ochenta”, acotó Alicia de los Ríos.

La también dirigente del Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua y Ciudad Juárez reveló que ya alistan siete casos más de desapariciones forzadas y dos ejecuciones extrajudiciales para llevarlos ante la CIDH, asuntos que están siendo depurados para tramitarlos en el sistema interamericano.

El director del Centro Prodh, Luis Arriaga, recordó que el caso de Alicia fue presentado a los expertos del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) de Naciones Unidas durante la visita que éstos realizaron al país del 18 al 31 de marzo.

“Creemos que por las primeras conclusiones del GTDFI es indispensable la creación de una instancia federal que esclarezca las desapariciones forzadas del pasado y del presente, instancia que debe ser monitoreada por especialistas nacionales e internacionales”, propuso Arriaga.

Con este caso, el Centro Prodh, el Comité de Madres y la Fundación Diego Lucero arrancaron la campaña Siguen desapareciendo. Crímenes de Estado: ayer y hoy, que pugna por la creación de la instancia gubernamental que atienda ese ilícito.