MÉXICO, D.F., 7 de abril (apro).- “¡Corrija su estrategia de seguridad equivocada, señor Presidente!”, exigió hoy el obispo de Saltillo, Raúl Vera López a Felipe Calderón.

En conferencia de prensa Vera López se sumó a las demandas que exigen al gobierno federal cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) sobre los casos de las indígenas guerrerenses Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú, violadas sexualmente por miembros de las Fuerzas Armadas en 2002.

Sobre al hallazgo de 59 cadáveres en fosas clandestinas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, dijo:

“Hay la sospecha de que son migrantes, porque está extraviado uno o más autobuses del servicio público que salieron de Querétaro hacia el norte”, dijo.

Consejero de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, Vera consideró que la “guerra contra el narcotráfico” emprendida por Felipe Calderón “tiene una ausencia de procuración de justicia, por lo que mientras no se ataque la complicidad entre narcos e integrantes del gobierno para traficar droga o la complicidad de las empresas y bancos para lavar dinero, la violencia incontenible va a continuar”.

Crítico, Vera López señaló que él estuvo presente en la reunión que sostuvieron integrantes del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU (GTDFI) con familiares de desaparecidos.

“Por el panorama que se presentó, la recomendación que hizo el GTDFI de sacar al Ejército de las calles era muy pertinente; luego, luego salieron a responder que no iban a atender esa recomendación, nomás hay que recordar que (Augusto) Pinochet tampoco hizo caso de las recomendaciones de los organismos internacionales como la ONU, pero no pudo evitar el juicio de la historia; lo mismo va a pasar con este gobierno”, puntualizó.

En la conferencia estuvo Inés Fernández Ortega, quien exigió el cumplimiento de la sentencia de la Coidh que, entre otros puntos,  obliga al gobierno federal a llevar al fuero civil las investigaciones de las violaciones sexuales, que hasta ahora están en el fuero militar.

Vera López hizo un reconocimiento al valor de Inés y Valentina por llevar hasta las últimas consecuencias sus exigencias de justicia; y llamó al gobierno de Calderón  “camada de sinvergüenzas” por no acatar las sentencias de la Coidh, entre ellas, las de Rosendo Radilla, de los feminicidios en Ciudad Juárez, del Campo Algodonero, y de los campesinos ecologistas, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.

“Esta voz de Inés, contrasta con el cinismo,  con la irresponsabilidad, con la falta de pudor y con la falta de vergüenza en todo lo que implica de los funcionarios que sólo están ahí para medrar.

“Las sentencias de la Coidh no son un acto de misericordia de los jueces, sino que ellos emitieron un fallo con base a los tratados internacionales que México ha firmado y que ha ratificado el Senado; lo mínimo que se puede pedir a un funcionario público es que atienda una orden legal que indica que los soldados que violaron a estas mujeres deben ser castigados, y lo que hacen los funcionarios de este gobierno es protegerlos, no tienen ética ni vergüenza, yo me pregunto: ¿son estos los que nos están cuidando de la delincuencia organizada?”, puntualizó

Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, y representante legal de las indígenas, emplazó a Marisela Morales, ratificada por el Senado como procuradora general de la República, a “asumir las investigaciones de las violaciones sexuales, hasta ahora estancadas en el fuero militar, y que en apego a las sentencias de la Coidh deben ser llevada en el fuero civil”.

Barrera Hernández señaló que desde que se formalizó el acuerdo para integrar las mesas de negociación con el Estado mexicano, el pasado 15 de marzo, “hasta ahora el punto principal que es la indagatoria, sigue en el fuero militar, y nosotros advertimos que si no se avanza en las investigaciones no podemos aceptar otros puntos de la sentencia”.

El director de Tlachinollan, premiado por Amnistía Internacional por su defensa de las comunidades indígenas, recordó que el gobierno de Felipe Calderón interpuso ante la Coidh una solicitud de interpretación de las sentencias de Valentina e Inés, “que en los hechos es un rechazo a las sentencias, cuando los fallos del tribunal son inatacables”.

Barrera hizo un llamado a la nueva procuradora a “ser congruente y cumplir con la sentencia, que no siga cobijando los abusos cometidos por el Ejército ni perpetuando la impunidad”.