Pueblo de Wixárika exige a Calderón retirar concesiones a empresa minera en "lugares sagrados"

miércoles, 11 de mayo de 2011

MÉXICO, D.F., 11 de mayo (apro).- El pueblo de Wixárika –que se asienta en los estados de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas—exigió al presidente Felipe Calderón cumplir con su palabra comprometida públicamente de respetar y proteger los lugares sagrados en el pacto de Hauxa Manaká signado en el 2008.
    En una carta urgente dirigida al presidente de México, y a los pueblos y gobiernos del mundo, el pueblo Wixárika denuncia que el gobierno federal otorgó 22 concesiones que abarcan más de 6 mil hectáreas de la sierra de Catorce a la empresa minera First Najestic Silver Cop, Real Bonanza S.A. de C. V.
    Precisa que la sierra de Catorce toda y Wirikuta entera es uno de los altares de mayor importancia, donde los peregrinos acuerdan la fertilidad y el equilibrio del mundo.
    En su misiva asegura que tienen evidencias de que la operación minera afectaría de “forma profunda” la ecología de la zona, pues los “manantiales sagrados” se contaminarán y desecarán.
    Por todo ello, exigen que cancele inmediatamente esas concesiones y cualquier otra que tenga como fin sacar minerales o destruir Wirikuta de cualquier otra manera, pues si el objeto de toda esta tragedia es el dinero, sería más barato sacar a esta empresa que lamentar la tragedia ecológica, espiritual y social que puede provocar escarbar y sacar las entrañas de Wirikuta.
    Los portadores de la misiva llegaron procedentes de la sierra Madre Occidental. Encabezan una comisión de autoridades agrarias y tradicionales del pueblo de Wixárika, que abarca comunidades de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas, donde habitan los Wixaritari.
    Precisan que a pesar del Pacto de Hauxa Manká y de la pública oposición a la operación minera en Wirikuta, el presidente Felipe Calderón ha guardado un “silencio inexplicable”, pese a que se trata de un área natural protegida por decreto gubernamental.
    “Cancele usted la minería en Wirikuta, eleve a rango constitucional su protección ambiental y cultural, y todas las descendencias se lo agradecerán; de lo contrario, las generaciones presentes caminaremos un camino difícil pero firme en la convicción de detener esta amenaza…”, sentenciaron.