MÉXICO, D.F., 12 de mayo (apro).- Las reiteradas denuncias contra elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) presuntamente ligados con el secuestro de migrantes, en colaboración con grupos delictivos, provocó el relevo de los titulares de las delegaciones regionales en siete entidades del país.

En un comunicado, la Secretaría de Gobernación anunció el reemplazo de los delegados del INM en los estados de México, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, San Luis Potosí y Quintana Roo, donde se registra el mayor flujo migratorio.

         La dependencia informó que por instrucciones de su titular, Francisco Blake Mora, “y como parte del fortalecimiento institucional del Instituto Nacional de Migración, el comisionado Salvador Beltrán del Río ha procedido al relevo” de los delegados.

Los nuevos titulares, puntualizó, deberán realizar de inmediato una depuración de su personal y fortalecer la operación migratoria con estricto respeto a los derechos humanos de los migrantes.
         Según el texto, Beltrán del Río ordenó acelerar las evaluaciones de control de confianza a personal que labora en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, conocida como “la ruta del migrante”, a fin de sancionar a corto plazo a funcionarios que incurren en prácticas irregulares, violan los derechos de los migrantes o mantienen vínculos con la delincuencia organizada.
         Adicionalmente será evaluado el personal que opera en Quintana Roo, con lo que sumarían mil 500 funcionarios examinados.
         El comisionado del INM informó ayer que mil 200 de los 5 mil 400 funcionarios de ese organismo han sido sometidos a exámenes de control de confianza.

         De eses total, dijo, 200 fueron separados de su cargo y enfrentan procesos de sanción por violación o afectación de los derechos humanos, mientras que unos 40 son procesados por la vía penal.

         De acuerdo con el funcionario, desde agosto del año pasado el INM tuvo en funcionamiento su Centro de Control de Confianza, donde son evaluados sus funcionarios, y en su caso, por el nivel que ocupen, pueden ser examinados en el centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de la Procuraduría General de la República (PGR).

         También ayer, la PGR informó que busca al séptimo involucrado en la entrega de indocumentados al crimen organizado, quien fue señalado por centroamericanos rescatados por el Ejército como una de las personas que los entregó al cártel del Golfo en Tamaulipas en abril pasado.

         Los otros seis agentes, quienes permanecen arraigados por ese caso, fueron puestos a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) el pasado 19 de abril.

         Según el INM, ante cualquier denuncia se iniciarán de inmediato los procedimientos correspondientes para la separación de las personas de sus funciones y dará vista a las autoridades competentes para que se deslinden las responsabilidades que correspondan.