MÉXICO, D.F. 16 de mayo (apro).- El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) transparentar la totalidad de averiguaciones previas iniciadas de 2000 a 2010 por la sustracción, tráfico, transporte, comercialización, venta, trata, secuestro, extorsión y/o asesinato de indocumentados.

De acuerdo con la PGR, sólo había 164 averiguaciones previas por delitos cometidos contra migrantes, pese a que las cifras proporcionadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su Informe Especial Sobre Secuestro de Migrantes 2010, señalan que sólo en ese año hubo 11 mil 333 indocumentados secuestrados en su paso por México.

Según la dependencia que encabeza Marisela Morales, informes integrados por la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos (UEITMIO) apuntan que hay un total de 147 averiguaciones previas iniciadas por el delito de tráfico de indocumentados, 79 de las cuales están en trámite, 28 fueron  consignadas, en 19 la PGR se declaró incompetente, 13 están en reserva, cuatro fueron acumuladas y cuatro se autorizaron para el no ejercicio de la acción penal.

A su vez, la Unidad Especializada en Investigación de Secuestro (UEIS) informó que tiene 17 averiguaciones previas por secuestro y homicidio de indocumentados. Ninguna de los dos organismos informó las fechas de comisión de los delitos.

Sin embargo, dado que los datos aportados por la PGR no fueron producto de una búsqueda exhaustiva, el IFAI instruyó a la dependencia que entregue la información estadística correspondiente.

Los datos solicitados por una particular, mediante dos peticiones de acceso a la información, deberán ser desglosados, en forma cuantitativa, de acuerdo con la etapa procesal en que se encuentran dichas indagatorias.

Adicionalmente, la PGR deberá dar a conocer el número de averiguaciones previas de aquellos casos en los que se haya determinado el no ejercicio de la acción penal y haya transcurrido un plazo igual al de la prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con el Código Penal Federal.

La PGR había intentado mantener la información en la opacidad, bajo el argumento de que el Código Penal prohíbe que la información contenida en averiguaciones previas sea dada a conocer. En consecuencia, expuso que la Unidad de Enlace no era el medio adecuado para conocer la información. La solicitante se inconformó con la respuesta.

El caso fue turnado a la comisionada María Elena Pérez Jaén Zermeño, quien determinó que la información solicitada tiene que ver con el desempeño de la PGR, ya que se trata de estadísticas y no es sobre una averiguación previa específica o en la que se pida documentación contenida en los expedientes ministeriales, por lo que la dependencia debía darla a conocer.

El proyecto de la comisionada Pérez-Jaén fue aprobado por el pleno del IFAI, que ordenó a la PGR hacer una nueva búsqueda de información, en la que deberá incluir al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, que no se incluyó en los reportes emitidos durante la sustanciación del expediente ante el IFAI.