Deudos de mineros y activistas impugnan designación en Auditoría Superior

lunes, 2 de mayo de 2011

MÉXICO, DF, 2 de mayo (apro).- La organización Familia de Pasta de Conchos (FPC) y activistas del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) descalificaron hoy el nombramiento de Alejandro Romero Gudiño como titular de la Unidad de Evaluación y Control, órgano de la Cámara de Diputados responsable de supervisar la actuación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
    Ambas organizaciones manifestaron, en un comunicado, su “indignación y asombro” ante el aval de PRI, PAN y PVEM al funcionario, quien fue director de Inspección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en 2007, por lo que se convirtió en uno de los encubridores de responsabilidades por el siniestro ocurrido en la Mina 8 Unidad Pasta de Conchos, en Coahuila, el 19 de febrero de 2006, donde murieron 65 mineros.
    De acuerdo con los organismos, que mantienen su exigencia de justicia desde 2006, es asombroso que, habiendo conocido el caso, pues era gobernador de Coahuila cuando ocurrieron los hechos, el actual presidente nacional del PRI, Humberto Moreira Valdés, haya permitido el aval de su partido a la designación de Romero Gudiño.
    Entre las acciones y omisiones que el Cereal y la FPC reprochan a Romero Gudiño está la de haber consentido la suspensión de las labores de recuperación de los cuerpos de los trabajadores, en 2007, cuando Industrial Minera México (IMMSA), la subsidiaria de Grupo México y propietaria de Pasta de Conchos, anunció algo imposible: la suspensión de las labores para evitar un contagio de VIH/sida, salmonela o tuberculosis por toda la región.
    Romero Gudiño no sólo consintió en todo a la patronal Grupo México, sino que además combatió jurídicamente a los deudos, al enfrentar la demanda de amparo contra la determinación de cierre, argumentando que en ningún momento se violaron garantías a los quejosos.
    Las impugnaciones para objetar la designación de Romero Gudiño consistieron en advertir sobre su falta de independencia, incapacidad técnica y un paso tortuoso por el Instituto Federal Electoral (IFE), donde también fue funcionario.
    “A ello añadimos su indebido ejercicio de la función pública, por lo que rechazamos su elección, ya que en nuestro caso mostró total incapacidad para tutelar nuestros derechos”, sostuvo la FPC.

Van 111 carboneros muertos en un lustro

El sábado 30 de abril, alrededor de las 14:00 horas, la mina San Juan, en el poblado Hermanas del municipio de Escobedo, Coahuila, registró un siniestro, en el que un trabajador murió y otros tres resultaron lesionados.
    Los hechos ocurrieron cuando los trabajadores trabajaban en la construcción de soportes estructurales (ademes) en el interior de la mina, a unos 20 metros de profundidad.
    El trabajador muerto fue identificado como José Luis Rivera Garza, de 35 años y originario de la villa Minas de Barroterán. En tanto los lesionados fueron Francisco Cervantes, Francisco García y Jesús Alejandro García, quienes fueron reportados fuera de peligro.
    Como ocurre generalmente en los siniestros mineros, las autoridades y cuerpos de rescate no fueron notificados hasta casi una hora después de los hechos.
    En su comunicado, el Cereal y la FPC destacan que el siniestro ocurrió justo un día después del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, instaurado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
    Con la muerte de Rivera Garza, del 19 de febrero de 2006 a la fecha han perdido la vida en Coahuila 111 trabajadores del carbón, todos por la ausencia de medidas de seguridad en las minas.
    Cereal es un organismo enfocado al estudio y la defensa de derechos laborales fundamentales, vinculado con la orden jesuita; en tanto, la FPC es el frente integrado por cerca de 500 familiares y amigos de los trabajadores muertos en la mina Pasta de Conchos en 2006, a la que se han sumado deudos y sobrevivientes de otras tragedias mineras.

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