MÉXICO D.F., 24 de mayo (apro).- El presidente Felipe Calderón promulgó la Ley de Migración mediante la cual se pretende crear un marco de garantías para proteger los derechos de los migrantes en México.

En el salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos, el titular del Ejecutivo federal admitió que se trata de una legislación de avanzada que privilegia el respeto a los derechos humanos y parte de la dignidad humana del migrante, independientemente de su nacionalidad.

Luego de reconocer que las condiciones en las que se da actualmente la migración ponen a las personas en una situación de alta vulnerabilidad, Calderón dijo que la ley es un instrumento que atiende ese fenómeno de manera integral y que refleja lo mejor de la tradición hospitalaria de México, que siempre ha sido un país generoso con quienes necesitan protección.

En su turno, el Secretario de Gobernación, Francisco Blake, aseguró que se trata del avance más significativo en política migratoria en los últimos 80 años.

"Facilita y ordena los flujos migratorios desde y hacia nuestro país, privilegiando la protección y respeto de derechos humanos de los migrantes", señaló.

La ley simplifica las modalidades de estancia legal en el país y crea una nueva figura de visa de hasta 180 días para los migrantes.

Además, se eleva a rango de ley al Instituto Nacional de Migración, el cual será la instancia encargada de instrumentar y ejecutar la política migratoria.

Durante el evento, Calderón reconoció que las cosas "están funcionando mal" en el Instituto Nacional de Migración, por lo que instruyó secretario de Gobernación a acelerar la depuración de ese organismo.

Además, se comprometió a seguir adelante con las investigaciones en el INM y "quienquiera que viole la ley será llevado ante la justicia".

Durante la firma del decreto que promulga la Ley de Migración calificó de ofensivo e inadmisible que puedan existir autoridades que participen en la violación de derechos humanos o que, incluso, se coludan con los delincuentes.

Al principio de su discurso admitió que el asesinato de migrantes en Tamaulipas es una muestra de que "las cosas están, simple y sencillamente", funcionando mal, y que hay que corregirlas", lo que -dijo- se conseguirá con la nueva legislación.

En calidad de testigos, fungieron el presidente de la Cámara de Diputados, el priísta Jorge Carlos Ramírez Marín; la coordinadora del PAN de ese órgano, Josefina Vázquez Mota, y los gobernadores de Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, Juan Sabines, Andrés Granier y Roberto Borges, respectivamente.