MÉXICO, DF, 3 de mayo (apro).- A dos semanas del asesinato del ambientalista guerrerense Javier Torres Cruz, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) exhortó al gobierno de Felipe Calderón a institucionalizar, “de una vez por todas, un mecanismo de protección adecuado y en consulta con las organizaciones de derechos humanos”.
Luego de condenar el crimen del defensor de los bosques ocurrido el 18 de marzo, la directora de Cejil, Viviana Krsticevic, recordó que desde 2007 Torres Cruz, integrante de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), era blanco de amenazas, y que desde 2008 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tramitaba una solicitud de medidas cautelares a su favor.
    El asesinato de Torres Cruz, ocurrido en la sierra de Petatlán, señaló la directora ejecutiva de Cejil, “revela una vez más el estado de desprotección en el que se encuentran los defensores y defensoras de derechos humanos en México, y hace más urgente la necesidad de establecer mecanismos para garantizar su protección efectiva”.
    La organización de derechos humanos exhortó al Estado mexicano a proteger “inmediatamente” a los familiares de Torres Cruz, “quienes corren peligro inminente”, e instó a las autoridades correspondientes para que investiguen exhaustivamente este hecho y procesen y sancionen a los responsables”.
    En un comunicado, Viviana Krsticevic resaltó que la situación de riesgo y desprotección en la que se encuentran los defensores de derechos humanos en México es “particularmente alarmante en Guerrero, donde la Corte Interamericana ha intervenido requiriendo la tutela de la vida de otros activistas”.
    La directora ejecutiva de Cejil señaló que por la muerte del activista hay “responsabilidad moral, política y jurídica”, toda vez que una vez que el gobierno es alertado de los riesgos que corre un defensor y es deber del Estado garantizar su vida y libertad de laborar.
    “Es impostergable que el presidente Calderón asuma una política pública que refleje su comprensión y respeto por la labor de los y las defensoras de derechos humanos; es por eso que insistimos en la creación de un mecanismo de protección a nivel federal”, señaló la activista.
    La organización recordó que en octubre de 2010, en audiencia de la CIDH, representantes del gobierno de Calderón reconocieron la necesidad de iniciar un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil sobre la creación de un mecanismo de protección de defensoras y defensores.
    “Sin embargo, el gobierno no ha avanzado en esa dirección. Hechos como el asesinato de Javier Torres Cruz denotan la necesidad de que el Estado mexicano institucionalice, de una vez por todas, un mecanismo adecuado y en consulta con las organizaciones de derechos humanos y con otros sectores que puedan brindar asistencia técnica”, apuntó Cejil.