Exigen castigo para responsables de la represión en Atenco

martes, 3 de mayo de 2011

MÉXICO, D.F., 3 de mayo (apro).- Integrantes del Movimiento de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco y activistas del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) realizaron un plantón frente a las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR), para exigir castigo a los responsables de la represión del 3 y 4 de mayo de 2006.
    Durante cinco horas, los manifestantes –quienes blandían sus machetes y mostraban pancartas en las que señalaban al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, como responsable de los actos represivos– protestaron por la absolución de los policías mexiquenses que fueron acusados de las agresiones sexuales contra 26 mujeres detenidas durante las movilizaciones sociales de hace cinco años en San Salvador Atenco.
En el evento estuvieron presentes los líderes del Movimiento de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle, y su esposa Trinidad Ramírez.
Del Valle estuvo preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano de mayo de 2006 a junio de 2010, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo declaró inocente, junto con otros 11 activistas.
Un año antes, la SCJN valoró que hubo múltiples violaciones a los derechos humanos en el operativo policiaco ordenado por Peña Nieto, en el que murieron Francisco Javier Cortés Santiago y el estudiante universitario Alexis Benjumea.
Durante la protesta de este martes, el director del Centro Prodh, Luis Arriaga Valenzuela, recordó que ante la impunidad en el caso de las mujeres agredidas, su organización y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) solicitaron –en abril de 2008– la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a favor de 11 víctimas.
Dicho trámite, agregó, se encuentra en proceso de admisibilidad, y esperamos que el órgano interamericano “señale la responsabilidad del Estado en la tortura sexual contra las mujeres denunciantes”, dijo.
    Convencido de que el Estado mexicano no aceptará las recomendaciones que haga la CIDH,  por las “trabas y aplazamientos a los que ha recurrido hasta ahora para que no se admita el caso”, Arriaga consideró que el asunto de las 11 agredidas sexualmente en Atenco será resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos  (CoIDH).
    Una de las denunciantes, Bárbara Italia Méndez Moreno, advirtió que ante la falta de castigo a los responsables, “no nos dejan otro camino que acudir a la CIDH, y valoramos que cinco años después (de los hechos) ya no se esté hablando de violación, sino de tortura sexual”.
Asimismo, denunció que el operativo policiaco realizado hace cinco años en el Estado de México no fue un hecho aislado, sino que “nos ocurre en un contexto de violencia política en contra de movimientos y organizaciones sociales”.
    En entrevista con Apro, Méndez Moreno acusó a la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres (Fevim) –que después se transformó en Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevmitra)– del desgaste de las denunciantes.
    “Al principio éramos 26 denunciantes, pero la estrategia de la Fevim y la Fevimtra fue apostarle al desgaste de las compañeras. Fuimos revictimizadas en un proceso que fue muy largo, de mucho desgaste anímico, de reavivar los dolores que nos generó la tortura, y así fue disminuyendo el número de denunciantes”, explicó.
La activista recordó que desde un principio se diseñó una estrategia de hostigamiento para que las mujeres agredidas en Atenco cejaran en su intento de formalizar las denuncias, primero por violación sexual y después por tortura sexual.
“Cuando nos estábamos poniendo de acuerdo en el paso jurídico que íbamos a dar, no teníamos otra forma de comunicarnos con las compañeras que permanecieron presas, más que por teléfono; hacíamos las llamadas al penal, y después en nuestros teléfonos recibíamos telefonemas en los que nos pasaban las grabaciones de las conversaciones que habíamos tenido con nuestras compañeras presas. Con ello dejaban claro que estábamos siendo vigiladas y eso infundió temor de momento”, dijo Bárbara Italia Méndez.
    En tanto, desde Ginebra, Suiza, la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) urgió a las autoridades mexicanas a “que terminen con el estado de impunidad vigente en el caso de San Salvador Atenco y que cese la obstaculización del trámite de petición ante la CIDH”.
    En un comunicado, la OMCT manifestó “su profunda preocupación ante el incumplimiento del Estado con la obligación de garantizar a las víctimas el acceso a la justicia y a reparaciones adecuadas”.
    Lamentó que a cinco años de los acontecimientos, el Estado mexicano no haya acatado las recomendaciones que sobre el caso hizo el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, entre ellas realizar “una investigación pronta, eficaz e imparcial con respecto a los incidentes ocurridos durante el operativo de seguridad pública llevado a cabo en San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006”, y garantizar que “los responsables de dichas violaciones sean procesados y sancionados adecuadamente”.
    La organización internacional exhortó a las autoridades mexicanas a que instrumentar “medidas de control apropiadas para que no se repitan violaciones graves de derechos humanos”.

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