"Inquietante", el desinterés oficial para proteger a periodistas: ONU

martes, 3 de mayo de 2011

MÉXICO, D.F., 3 de mayo (apro).- La impunidad que acompaña a los homicidios y agresiones contra periodistas indica que hay una “inquietante falta de interés oficial” en México por la protección de éstos, señaló hoy Jadranka Mihalic, representante del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki Moon.
Además, durante su último reporte sobre el 2010, Artículo XIX y Cencos advierten que 49% de las agresiones contra informadores provienen de las autoridades y 26.45% de personas “presuntamente vinculadas al narcotráfico”.
Durante el foro sobre la libertad de prensa, realizado en las instalaciones del Senado, Andrew Radolf, director de la oficina de la UNESCO en San José, admitió que “ha empeorado” la situación entre informadores, ya que al parecer “la violencia seguirá atacando a la libertad de expresión y de opinión”.
De acuerdo con el informe de Artículo XIX y Cencos, en 2010 se documentaron y registraron 155 agresiones contra periodistas, trabajadores e instalaciones de medios de comunicación en México, y advirtieron que si bien la cifra es menor, comparada con la de 2009 (244 casos), dicha disminución “no responde a una mejora significativa”.
“Mientras los contextos de violencia en algunos estados del país se agudizan, la denuncia pública de las agresiones disminuye, como consecuencia de la falta de investigación del Estado mexicano. Suman ya 44 asesinatos y ocho periodistas desaparecidos en lo que va del sexenio” de Felipe Calderón Hinojosa, se lee en el informe de ambas organizaciones.
El reporte advierte que el tipo de agresión más frecuente es el ataque a la integridad física o material contra reporteros e instalaciones de medios (52.9%), y en segundo lugar están las amenazas y actos de intimidación y presión (31.61%).
La mayoría de las agresiones provienen de las autoridades (49.03%), ya sean agentes estatales o federales, o bien elementos de las fuerzas armadas en labores policiacas, mientras que 26.45% proviene de personas presuntamente vinculadas con el crimen organizado, lo cual contrasta con la tesis del gobierno federal, que le atribuye al narcotráfico la principal responsabilidad de las agresiones contra periodistas.

Persecución judicial

El equipo de abogados defensores de los periodistas Alfredo Rivera Flores y Miguel Ángel Granados Chapa, autor y prologista del libro La Sosa Nostra, respectivamente, señaló que este miércoles 4 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene la oportunidad “de frenar el uso institucional de la vía jurisdiccional como mecanismo para amedrentar el ejercicio de la libertad de prensa”.
En un comunicado, los abogados advierten que la SCJN resolverá en definitiva el recurso de revisión 1057/2010, caso en el que Gerardo Sosa Castelán acusó a los periodistas Rivera Flores y Granados Chapa de difamación y calumnias. Rivera Flores se amparó y la Suprema Corte debe resolver mañana el asunto.
De acuerdo con la abogada Perla Gómez, defensora de ambos periodistas, uno de los elementos fundamentales de la violencia o de las agresiones contra la libertad de prensa es “la persecución judicial”.

Aumenta el hostigamiento: CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos subrayó que “lamentablemente se ha incrementado la violencia y el hostigamiento contra los y las periodistas en algunos estados” de América Latina. Tan sólo en 2010 se registró la muerte de 26 comunicadores y “múltiples hechos de agresión, amenaza y criminalización”, apuntó.
En un comunicado difundido este martes, la CIDH les recuerda a los Estados miembros –entre ellos México– el cumplimiento de una serie de recomendaciones, entre ellas: realizar investigaciones serias, imparciales y efectivas sobre los asesinatos, agresiones y amenazas contra periodistas; juzgar por tribunales imparciales e independientes a los responsables; adoptar medidas para garantizar la seguridad de los agredidos y amenazados, así como resguardar a los periodistas en situaciones de riesgo.
Además, la CIDH convocó a los Estados miembros a “abstenerse de utilizar el poder público para castigar o premiar a medios y comunicadores, en relación con su línea editorial o la cobertura de cierta información, ya sea a través de la asignación discriminatoria y arbitraria de la publicidad oficial u otros medios indirectos”.