Rechaza EU responsabilidad en muertes de civiles por "Rápido y Furioso"

martes, 3 de mayo de 2011 · 01:00

WASHINGTON, 3 de mayo (apro).- El gobierno del presidente Barack Obama se declaró ofendido por la presunción de que, al permitir la operación “Rápido y Furioso”, que avaló la introducción ilegal de casi dos mil 500 armas a México, el Departamento de Justicia es responsable de la muerte de estadunidenses o mexicanos, asesinados con el arsenal.
    En una audiencia en la Cámara de Representantes del Congreso federal, el congresista republicano del estado de California, Derrel Issa, le dijo directamente el procurador general de Justicia, Eric Holder, que en el Capitolio lo están mirando a él como el responsable del fracaso de “Rápido y Furioso”, y por las consecuencias que éste ha tenido, tanto en México como en Estados Unidos.
    “Lo estamos mirando a usted”, el dijo Issa a Holder. “Estamos mirando a sus funcionarios, quienes sabían o debían estar informados sobre esto y para determinar si su juicio (sobre ‘Rápido y Furioso’) fue consistente con las prácticas correctas, en lugar de poner al Departamento de Justicia básicamente como al culpable de permitir que con las armas mataran a estadunidenses y mexicanos”, subrayó Issa ante el procurador general de Justicia, quien se veía bastante molesto con las presunción del congresista republicano de California.
    “La noción de que, de alguna manera o de otra, este Departamento de Justicia es responsable de esas muertes que usted menciona, es ofensiva y se lo quiero decir”, le refutó Holder a Issa.
    “¿Qué tal si resulta verdadera?”, insistió el congresista republicano, quien le exigió a Holder que el caso de “Rápido y Furioso” sea sometido a una investigación independiente del Congreso y no del inspector general de Departamento de Justicia, como se está procediendo ahora.
    “En el Departamento de Justicia nos aseguraremos de que protegeremos a los agentes”, respondió Holder.
    Por medio de “Rápido y Furioso”, el Buró de Alcohol, Armas, Tabaco y Explosivos (ATF), permitió que en la ciudad de Phoenix, Arizona, varios traficantes de armas conocidos hicieran múltiples compras de armas, aun cuando sabían que éstas serían destinadas a los cárteles del narcotráfico de México.

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