MÉXICO, D.F., 4 de mayo (apro).- Partidos políticos, organizaciones civiles, legisladores y representantes de la iglesia católica exigieron hoy que se castigue a los responsables de la explosión en un yacimiento de carbón en Sabinas, Coahuila, mientras las secretarías del Trabajo y de Economía intercambiaron acusaciones en un intento de deslindarse de la tragedia.
    A su vez, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, prometió que aplicará la ley “con todo el rigor” para castigar a los responsables del percance que, hasta el momento, ha cobrado la vida de cinco trabajadores mineros.
    Entrevistada en Los Pinos, luego de la inauguración del tercer Foro sobre Seguridad y Justicia, la procuradora aseguró que ya se abrió una investigación por la tragedia, y una vez que concluyan los estudios periciales, añadió, "podremos tener líneas, pero ahora son las primeras diligencias que se están tomando en campo".
    La instrucción, apuntó, es actuar con todo el rigor de la ley, investigar a fondo qué es lo que ocurrió para poder resolver conforme a derecho y castigar a quien tenga alguna responsabilidad, de cualquier tipo, en la tragedia ocurrida en la mina de carbón de la empresa Binsa.

Trabajo y Economía se echan la bolita
De acuerdo con el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano, hasta el momento se ha reportado la muerte de cinco trabajadores (Mario Alberto Anguiano Montes, Leobardo Sánchez Santos, Isaías Valero Pérez, Julio César Reséndiz Domínguez y Juan Carlos Escobedo Chávez), y existen “nulas posibilidades” de que los nueve obreros atrapados en la mina de carbón en Sabinas, Coahuila, permanezcan con vida, dijo.
“Las condiciones en las que ocurrió este terrible accidente, esta explosión, la magnitud, en una mina tan pequeña en términos de su extensión, nos permite abrigar muy pocas esperanzas”, aseguró el funcionario federal, quien además afirmó que la mina operaba de manera irregular, en condiciones precarias y casi en la clandestinidad.
En entrevista con Primero Noticias, Lozano admitió que los vacíos legales han propiciado que las minas operen en una situación precaria y con irregularidades, y corresponde a la Secretaría de Economía, dijo, verificar la operación de las minas.
“La Secretaría de Economía es la encargada de supervisar la situación en las minas”, declaró Lozano.
No obstante, el titular de Economía, Bruno Ferrari, expuso que si bien su dependencia está a cargo de otorgar las concesiones, es a la Secretaría del Trabajo a la que corresponde verificar las condiciones en que los mineros laboran.
Economía tiene la obligación de otorgar las concesiones, y en este caso se otorgó a Luis González Garza y Minera El Sabino, con 50% de participación a cada uno, pero al parecer ahora la opera el hijo de Luis González Garza sin que se registrara este cambio, señaló Ferrari.
El funcionario explicó que de acuerdo con el artículo 23 de la Ley Minera, hay obligación de hacer un registro de quién está explotando las minas, y hasta donde han avanzado las investigaciones, agregó, no hay información de que se hubiera autorizado a alguien más para la explotación de la mina.
Economía se dedica a verificar números de lote, hectáreas donde se ubicará la mina, quiénes serán los concesionarios, quiénes serán los dueños, y le toca verificar que se cumplan normas, como que efectivamente se realicen trabajos mineros y que se cubran pagos, pero “las condiciones laborales en que operan las minas corresponde a la Secretaría del Trabajo”, puntualizó Ferrari.

Piden rescatar a mineros atrapados
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a las secretarías del Trabajo y de Economía la aplicación de medidas cautelares para garantizar la vida, integridad y, en su caso, el rescate de los cuerpos de los trabajadores de la mina de carbón ubicada en el municipio de Sabinas, Coahuila.
Paralelamente, el organismo que preside Raúl Plascencia Villanueva inició una queja de oficio por la explosión en la que resultó herido un menor y dejó atrapadas a 14 personas, cinco de las cuales perdieron la vida.
Por instrucciones del ombudsman, personal de la CNDH se trasladó al lugar de los hechos para indagar lo sucedido y las posibles violaciones a los derechos humanos.
Después del análisis y valoración de las evidencias, el organismo de derechos humanos determinará lo que conforme a derecho corresponda.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión también demandó al gobierno federal que intensifique las labores de rescate de los mineros atrapados, y pidió que la ley se aplique con todo el rigor, a fin de que no se repitan hechos tan lamentables como el ocurrido ayer en Coahuila.
En tribuna, la diputada Laura Itzel Castillo detalló que hay 10 mil pozos con características similares al que explotó ayer, y que 12% del territorio nacional está concesionado a particulares que no cumplen con las medidas de seguridad ni laborales para sus trabajadores. “Es una situación muy similar a la que se vivió en la época de Porfirio Díaz”, sostuvo la diputada petista.
Enseguida, el presidente de la Comisión Permanente, Manlio Fabio Beltrones, leyó el pronunciamiento de todas las fuerzas políticas, en el que expresan condolencias a los familiares de los trabajadores fallecidos y advierten que el órgano legislativo se mantendrá atento a las actividades para rescatar con vida a los mineros.
El también priista David Penchyna, quien pidió un minuto de silencio por los trabajadores fallecidos, dijo que en la tragedia hay responsabilidad del gobierno federal.
“¿Cuántos de los 2 mil 500 mineros que laboran en esa región son niños; y son niños porque no hay trabajo? Hay minas de carbón a cielo abierto y en el subsuelo, y son concesiones que otorga el gobierno federal, y por lo tanto debe haber supervisión.
“¿Cuántos supervisores se han aumentado desde la tragedia de Pasta de Conchos? ¿Cuántos más se han dedicado a la supervisión, porqué siguen trabajando niños? No es sólo un asunto de la Secretaría del Trabajo, es también competencia de Energía y Hacienda”, añadió Penchyna, quien urgió a los diputados a comprometerse a revisar el marco legal.
De su lado, el senador panista Ricardo García Cervantes manifestó que “todos los días hay pozos clandestinos que cobran la vida de muchos menores. Se ha dicho que ya no trabajaban menores, pero los hechos lo desmienten. Un niño de 15 años fue la primera víctima”. Y preguntó: “¿Si no trabajaba en la mina, por qué estaba ahí?”
Por separado, la secretaria general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Dolores Padierna Luna, demandó al gobierno federal que sancione a los funcionarios responsables del siniestro ocurrido ayer en la mina de carbón.
    En un comunicado, Padierna señaló que los accidentes y muertes de los trabajadores seguirán ocurriendo mientras las autoridades sigan impasibles y no sancionen a los propietarios de las minas o “pocitos” de carbón que operan con magras condiciones de seguridad.

No esperen que Coahuila se convierta en fosa clandestina: Vera
El obispo de la Diócesis de Saltillo, Raúl Vera, calificó de inaceptable que las autoridades acudan a ponerse al servicio de las familias en el momento en que hay una explosión en una mina, porque políticamente les conviene, mientras que en el desempeño de sus cargos, agregó, no escuchan el clamor de cientos de personas que no cuentan con oportunidades de un empleo seguro con salario digno para vivir honrosamente. “Parece que no hemos aprendido con el caso Pasta de Conchos”, dijo.
El prelado señaló que la explosión en el pozo 3 de la empresa Beneficios Internacionales del Norte, S.A. de C.V. (BINSA), propiedad de Alfonso González Vélez en Sabinas, Coahuila, “nos trae a la mente y al corazón” la tragedia de Pasta de Conchos, ocurrida el 19 de febrero de 2006, donde 65 mineros murieron y hasta la fecha los restos de 63 personas siguen sepultadas en ese lugar.
De acuerdo con el obispo, para los empresarios mineros, los pozos de carbón son el medio más barato para extraer el mineral, no sólo porque exige poca inversión, sino porque saben que la población necesita de un “empleo” que resulta ser esclavizante e inseguro, el cual genera frecuentemente daños irreparables, como el caso del menor que resultó mutilado el día de ayer o, lo más terrible, la pérdida de la vida.
No se puede decir que se permite a los empresarios poceros abrir las denominadas "minas" porque generan fuentes de empleo, cuando lo que buscan es la explotación de los mineros del carbón y ganancias a costa de sus vidas, puntualizó.
Tras ello, le recordó al presidente Felipe Calderón, al secretario de Trabajo y al gobernador interino de Coahuila, Jorge Torres, que es su responsabilidad proporcionar las condiciones laborales adecuadas de todo trabajador minero. Es necesaria y urgente la creación de empleos dignos para los jóvenes, añadió.
“No esperen a que las explosiones en las minas, la violencia, los secuestros de migrantes y las personas desaparecidas sean motivo para que Coahuila se convierta en una fosa clandestina donde sólo se entreguen cuerpos, porque ¡vivos se fueron a trabajar!, porque ¡vivos se los llevaron!, porque ¡vivos transitaban por las calles del Estado”, agregó el prelado.
Por separado, la organización Familia Pasta de Conchos, creada hace cinco años, después de la explosión del filón donde perecieron 65 mineros, cuyos restos no han sido rescatados, preguntaron al gobierno de Felipe Calderón cuántos trabajadores más deben fallecer para que se prohíba el funcionamiento irregular de los “pocitos” de carbón en la entidad. (Con información de Rosalía Vergara)