MÉXICO, D.F., 13 de junio (apro).- En un nuevo intento por validar la guerra contra el narcotráfico impulsada por el presidente Felipe Calderón, el vocero de seguridad nacional del gobierno federal, Alejandro Poiré, afirmó que no hay fundamento para asegurar que las detenciones o abatimientos de líderes criminales detonen la violencia en el país. Al referirse al tercero de sus “10 mitos de la lucha por la seguridad”, Poiré destacó que las causas de la violencia criminal son anteriores a la administración actual. En su blog institucional, el funcionario federal afirmó que el problema creció frente a una autoridad que “en el mejor de los casos se mostraba incapaz de cumplir con su obligación de aplicar la ley ante los conflictos de venganza entre criminales y sus pugnas por el control de rutas y mercados”. Según el vocero de seguridad, la expansión de los grupos delictivos inició décadas atrás y escaló los niveles de violencia en localidades específicas, lo que motivó a las autoridades locales a solicitar el apoyo federal para mantener la seguridad en las comunidades y contener la actividad criminal. Es a partir de ahí, añadió, que se generó la creencia de que con la instrumentación de los operativos por parte de las fuerzas federales, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, se desató sistemáticamente la violencia. Luego, señaló que, de acuerdo con un análisis de 10 casos de criminales neutralizados de todos los cárteles, esa idea es errónea, ya que en ocasiones, agregó, la violencia ha disminuido después de la detención de un capo. El análisis fue hecho por el propio Poiré con datos de “Homicidios por rivalidad delincuencial” del gobierno federal, que se registra seis meses antes y seis después de la neutralización de los líderes criminales, de los que sólo se mencionan 10. Sin embargo, sólo en tres de los 10 casos que presenta en su análisis, se refleja una disminución en la tendencia de homicidios posterior a la detención o ejecución. Es el caso de Eduardo Arellano Felix, El Doctor, quien fue detenido el 26 de octubre de 2008. También hubo disminución de homicidios, según Poiré, tras la captura de Vicente Carrillo Leyva, El Ingeniero, el 1 de abril de 2009; y la ejecución de Alberto Pineda Villa, El Borrado, el 11 de septiembre de 2009. En otros casos, el análisis señala que se detuvo la tendencia creciente de homicidios como después del abatimiento de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, el 16 de diciembre 2009 y el de Ignacio Coronel Villareal, Nacho Coronel, el 29 de julio de 2010. En los casos de Teodoro García Simental, El Teo, detenido el 12 de enero de 2010; Edgar Valdez Villareal, La Barbie, el 30 de agosto de 2010, y Flavio Méndez Santiago, El Amarillo, el 18 de enero de 20011, “no hay ningún efecto discernible de la detención”, según el análisis de Poiré. Además en el último caso sólo se consideraron 20 semanas de análisis pues es una de las capturas más recientes. En los dos casos restantes, después de los abatimientos de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta, el 5 de noviembre de 2010; y el de Nazario Moreno González, El Chayo, el 9 de diciembre de 2010, Poiré sólo reconoce “un ligero incremento en la tendencia de los homicidios  posterior al abatimiento. El vocero de seguridad del gobierno federal concluyó así que “no hay fundamento que permita asegurar de manera sistemática que las detenciones o abatimientos de liderazgos criminales detonen la violencia”. Eso se debe, en su opinión, a que no hay un patrón claro que establezca la inhabilitación de un líder criminal por la acción de las fuerzas federales como un factor que incremente “sistemáticamente los niveles de homicidios o el ritmo a los que estos crecen”. Según él, son otros factores los detonantes de la violencia y se dan en el enfrentamiento entre organizaciones delictivas por la violencia que entraña su operación, en especial en áreas donde la debilidad de la autoridad local ha sido históricamente mayor; también donde confluyen “atractivos mercados criminales” locales con rutas de distribución a Estados Unidos y donde las propias organizaciones “tienen crisis de sucesión o de secesión inherentes a su historia y formación”. Cualquier análisis que no considere esos factores, afirma Poiré, le dará “indebidamente” la mayor parte del peso a la acción gubernamental. Luego apuntaló la estrategia del gobierno federal al señalar que “es indiscutible que el paso necesario para disminuir la capacidad criminal de las organizaciones es debilitándolas, mejorando las instituciones federales y locales que las combaten, protegiendo a los jóvenes del riesgo de las adicciones y del reclutamiento criminal, abatiendo la impunidad”. Puntualizó que los operativos del gobierno para inhabilitar a los criminales y debilitar sus estructuras operativas y financieras, son parte del fortalecimiento institucional y del tejido social, pues, afirmó,   una seguridad auténtica y duradera “sería imposible si tenemos a quienes ordenan y cometen actos criminales, libres en las calles”.