MÉXICO, D.F. (apro).- Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, campesinos ecologistas torturados por miembros del Ejército Mexicano en 1999 por su defensa de los bosques guerrerenses, exigieron castigo a los responsables de las agresiones que sufrieron y que los obligaron a huir de sus pueblos. Beneficiados por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) difundida en diciembre de 2010, Montiel y Cabrera, fundadores de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, presentaron sus demandas durante un acto protocolario en la Secretaría de Gobernación (Segob) en el que se hizo público el compromiso del gobierno federal de acatar el fallo del tribunal internacional. Las exigencias desconcertaron a los funcionarios del gobierno federal presentes en la ceremonia. El subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo, se cubrió la cara con las manos mientas que el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Felipe de Jesús Zamora, mantenía la cabeza agachada. La sentencia de la Coidh encontró responsabilidad internacional del Estado mexicano por violaciones a los derechos de libertad e integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial de Montiel y Cabrera, a quienes consideró víctimas de malos tratos y tratos degradantes. El tribunal internacional ordenó la investigación de los hechos y castigo a los responsables dentro del fuero civil; la modificación al Código de Justicia Militar; reformas judiciales para impugnar la aplicación del fuero militar; además de atención médica y psicológica para los beneficiados y sus familias, entre otras indicaciones. Durante el acto público al que asistieron representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Teodoro Cabrera exigió justicia como premisa para dar cumplimiento a la sentencia de la Coidh. Pidió que los miembros del Ejército responsables de haberlos torturado, sean castigados para que “sientan” lo que ellos sintieron” al ser torturados; y los militares salgan de las comunidades rurales donde “hacen puras fregaderas” y exigió: “Que se haga justicia, ya estuvo bueno”. Cabrera no se sintió intimidado para denunciar que aún sufre las secuelas de la tortura: ya fue operado en dos ocasiones por las dolencias que todavía tiene y que le impiden trabajar para ganarse el sustento. Recordó que fue por las torturas que firmaron documentos autoinculpatorios que los tuvieron dos años en la cárcel de Iguala, Guerrero, donde fueron condenados por portación de armas y delitos contra la salud. Cabrera, quien mantiene comunicación con las comunidades de la sierra de Guerrero explicó por qué pide que salgan los militares de esa región: “Las familias sufren mucho por causa de los soldados, llevan armas y se sienten muy poderosos, y hacen lo que ellos quieren. El cacique les da dinero, los compran y ellos van a recalar con el campesino. Van y nos madrean, van y nos torturan o si no los matan, porque no quieren que anden defendiendo los bosques, y ellos lo que quieren es el dinero, y se van engrandeciendo, mientras los manantiales se van secando porque se va trozando el bosque.” Por su parte, Rodolfo Montiel se sumó a la exigencia de justicia que lanzó su compañero, y demandó que se sancione a los verdaderos responsables, “no a los que no tuvieron nada que ver, sino a los que sí, a los mandos, a los jefes” que ordenaron las torturas. En un enlace telefónico desde Estados Unidos donde se encuentra refugiado, Montiel Flores recordó que la sentencia de la Coidh instruye a investigar a jueces y agentes del Ministerio Público que incurrieron en irregularidades procesales, por lo que espera que como consecuencia de estas indagatorias ellos serán declarados inocentes. Tras demandar garantías de seguridad para todos los defensores del medio ambiente, Rodolfo Montiel exigió “a la brevedad posible”, la salida del Ejército de las comunidades. “Que salgan los militares de las regiones y comunidades rurales, porque es un peligro cuando ellos andan tomados; cuando van a las comunidades rurales se emborrachan y disparan a diestra y siniestra”, apuntó Montiel Flores. Antes, el defensor de los bosques reconocido por organizaciones internacionales como Sierra Club, Green Peace, la Asociación Goldman y Amnistía Internacional, pidió un minuto de silencio y un aplauso en memoria de los defensores de los bosques de Coyuca de Catalán y Petatlán que han muerto, entre ellos, dijo, la licenciada Digna Ochoa y Plácido, así como sus compañeros de la organización: Aniceto Martínez, Elena Barajas Romualdo Gómez y Salomé Sánchez. Montiel Flores consideró que el gobierno de Felipe Calderón “está parchando los huecos” que los gobiernos anteriores dejaron y señaló que la ceremonia debe considerarse “más que un acto de buena voluntad, un acto de responsabilidad”. El campesino ecologista agradeció a los abogados de su defensa, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro para la Justicia y Derecho Internacional (Cejil), así como a la actual secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, y la congresista Nancy Pelossi por el apoyo que le dieron para que obtuviera el estatus de refugiado político. El director del Centro Prodh, José Rosario Marroquín Ferrera, urgió a los tres poderes de la Unión, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a acelerar las reformas al Código de Justicia Militar, y recordó que en la sentencia de los campesinos ecologistas, la Coidh se pronunció en contra de la iniciativa presentada por Felipe Calderón en octubre de 2010, por excluir del fuero militar sólo los delitos de violación, tortura y desaparición forzada. Los subsecretarios Relaciones y de Gobernación, Juan Manuel Gómez Robledo y Felipe de Jesús Zamora Castro, respectivamente, reconocieron que la sentencias de la Coidh son de cumplimiento obligatorio e inapelable, y en nombre del gobierno federal se comprometieron a acatar el fallo de los campesinos ecologistas. Zamora defendió la iniciativa de modificación al Código de Justicia Militar, y exhortó al Congreso de la Unión para que la analice y se pronuncie al respecto. Al término del evento, en entrevista Zamora Castro rechazó modificaciones a la iniciativa de Calderón, aun cuando la Coidh consideró que no cumple con los parámetros internacionales. El subsecretario también descartó que sean atendidas las demandas de salida del Ejército de las comunidades, pues “la conducta de unos no es suficiente para empañar la presencia de toda una institución”, justificó.