MÉXICO, D.F. (apro).- Integrantes de la organización civil ‘Familia Pasta de Conchos’ denunciaron que la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) ejerce presión para que acepten “mínimas” indemnizaciones por la muerte de sus familiares, ocurrida el 19 de febrero de 2006, tras una explosión de gas metano en la mina de carbón de San Juan de Sabinas, Coahuila.
Los familiares de las víctimas se reunieron con diputados y senadores de la Tercera Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a quienes informaron que la Profedet les ha ofrecido indemnizaciones de 25 mil a 200 mil pesos, bajo el argumento de que entre los trabajadores fallecidos había algunos que no tenían ni un día de estar laborando, por lo tanto no debían cobrar ni mil pesos.
Además, añadieron, la dependencia les dijo que debían estar conscientes de que la empresa (Industrial Minera México) es “muy pobre”, y que si se estipularon indemnizaciones “tan altas” fue porque no podían entregarles los restos de sus familiares.
Oralia Martínez, esposa de uno de los 65 mineros que quedaron atrapados en la mina, manifestó que a ella le han pedido aceptar la indemnización de 25 mil pesos por la muerte de su esposo, y le dijeron que debía estar contenta porque “nunca se había logrado semejante indemnización”.
Por su parte, Cristina Auerbach, defensora de derechos humanos, informó que antes de viajar a la Ciudad de México para reunirse con senadores y diputados, las viudas de los mineros recibieron llamadas de abogados para que desistieran de su idea de visitar a los legisladores, pues los camiones en que viajarían “han sido baleados” dos veces.
Los integrantes de ‘Familia Pasta de Conchos’ demandaron a la Comisión Permanente que elabore un punto de acuerdo con siete exigencias para el gobierno federal, la primera de las cuales va en el sentido de hacer un exhorto al presidente Felipe Calderón para que ordene y disponga lo necesario para rescatar los restos de los mineros, ya que no hay limitación técnica que lo impida.
Además, pidieron solicitar al secretario de Economía, Bruno Ferrari, que presente un programa de inversión para la región carbonífera de Coahuila, y al titular de Economía que licite la compra de carbón que requiere la Comisión Federal de Electricidad –en colaboración con las secretarías del Trabajo, Medio Ambiente y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)– para que los contratos se hagan de manera directa.
Y exigieron, entre otras cosas, suprimir el coyotaje y la extracción de carbón de minas clandestinas.