MÉXICO, D.F. (apro).- Petróleos Mexicanos (Pemex) deberá hacer públicos los convenios de Transacción y Administrativo Sindical 10324/2005, que detonó el escándalo de corrupción en el que sigue implicado el exdirector de la paraestatal, Raúl Muñoz Leos, por un presunto desvío de recursos realizado en agosto de 2005. Esta tarde, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI) resolvió que la información deberá hacerse pública, luego de que Pemex hubiera decidido reservar los documentos, en su respuesta a la solicitud de información de un particular. Los convenios forman parte de la averiguación 084/UEIDCSPCAJ/2007, iniciada por un agente del Ministerio Público federal, luego de la denuncia interpuesta por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Además, los documentos forman parte del juicio de nulidad promovido por Raúl Muñoz Leos en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, donde se sustancia la impugnación del exdirector de Pemex por la sanción que le impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP). La SFP halló responsable a Muñoz Leos de un quebranto por mil 724 millones de pesos a Pemex, por lo que le impuso una sanción de 862 millones de pesos y lo inhabilitó por 10 años. La misma sanción se impuso al exabogado general de la petrolera, Juan Carlos Soriano Rosas. De ese expediente devino la denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR). El escándalo de corrupción fue por entrega de recursos económicos al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), por lo que fue conocido como el Pemexgate II, luego de que en 1999, durante la dirección de Rogelio Montemayor Seguy, se diera a conocer un caso semejante con un quebranto cercano a los mil 500 millones de pesos. El 26 de julio de 2004, en el marco de las negociaciones sobre revisiones contractuales y salariales, Pemex firmó el Convenio Administrativo Sindical 10275, mediante el cual comprometió la entrega de recursos públicos al STPRM. En el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del 2005, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que el mencionado convenio carecía de la suficiencia presupuestal correspondiente, de sustento normativo, de la aprobación previa del Consejo de Administración y no estaba previsto en el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT). El dictamen 1972/2011 del IFAI estuvo a cargo de la comisionada María Marván Laborde, quien consideró que toda la información relacionada con la entrega de recursos públicos debe ser pública. Además, la comisionada evidenció que los argumentos legales para reservar la información que esgrimió la paraestatal ni siquiera encuadraban en los supuestos de clasificación previstos en la Ley Federal de Transparencia, por lo que dio marcha atrás a la opacidad de Pemex en este caso, con el voto unánime del pleno.