MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones civiles denunciaron que, con la presencia de militares en las calles en funciones policiacas, los actos de tortura se han vuelto cada vez más comunes, pese a que México se comprometió a erradicar ese delito hace 25 años, cuando ratificó la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

En conferencia de prensa, representantes del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A.C., y el Comité de Defensa Integral de los Derechos Humanos Gobixha (de Oaxaca) hicieron un balance de la tortura en México, en vísperas de la conmemoración del Día Internacional de Naciones Unidas en Apoyo a los Sobrevivientes de Tortura, que se celebrará este domingo 26.

En un comunicado conjunto, las organizaciones señalaron que la tortura y la impunidad, considerados “crímenes de Estado”, son los “signos más característicos del gobierno de Felipe Calderón”.

Y apuntaron que “la declaración de guerra contra el crimen organizado, lejos de resolver la problemática, ha provocado el escalamiento de la violencia en diversos ámbitos de la vida nacional, afectando la tranquilidad y el desarrollo del tejido social de toda la población”.

Para los activistas, la guerra de Calderón ha traído como consecuencia el incremento de “asesinatos, desapariciones forzadas, torturados, detenciones ilegales y ejecuciones”.

Felícitas Treue, del CCTI, resaltó que en el “contexto de la guerra contra el crimen organizado lanzada por Felipe Calderón, hay pruebas contundentes de que con la militarización del combate se han incrementado las violaciones a derechos humanos, entre ellas la tortura”.

Treue subrayó que “la clave nos la da la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que en los primeros cuatro meses de este año recibió más de 500 quejas en contra de miembros del Ejército mexicano”, y sabemos –dijo– que muchas de ellas son por tortura.

Asimismo, detalló que de enero a abril de este año, la CNDH recibió 515 quejas clasificada como tratos crueles, inhumanos o degradantes, y 461 por detención arbitraria, en tanto que tres fueron clasificadas por tortura.

Del total de quejas mencionadas, 510 señalan a la Secretaría de la Defensa Nacional como la dependencia responsable de las violaciones, 193 a la Policía Federal, 128 a la Secretaría de la Marina y 115 a la Procuraduría General de la República.

Los estados con mayor incidencia de agresiones por parte de militares son: Michoacán, Guerrero, Baja California, Durango, Coahuila y Nuevo León.

De acuerdo con Treue, en los siete años de haber sido fundado el CCTI, la organización ha documentado 233 casos de tortura en 14 entidades, en las que se señala como agresores a la Policía Federal, a agentes de las procuradurías estatales, a miembros del Ejército y a paramilitares.

La activista añadió que los métodos de tortura más frecuentes son “golpes, amenazas, humillaciones, presenciar tortura de otras personas, asfixia, la tortura sexual y toques eléctricos”.

Desde que el CCTI empezó a documentar los casos de tortura, agregó, ha logrado identificar que esa práctica se utiliza “contra activistas y líderes sociales como instrumento de represión y de criminalización de la protesta social”, para obligar a firmar declaraciones prefabricadas sobre delincuencia organizada, secuestro u homicidio.

En el contexto de la guerra contra el narcotráfico, Treue destacó la prevalencia de casos de “personas detenidas arbitrariamente, acusadas de pertenecer al crimen organizado”, así como de torturados, “para obtener una declaración auto-inculpatoria que sirve de prueba fundamental en el proceso”. Esos casos, puntualizó, son utilizados “para encubrir a los verdaderos responsables”.

Por su parte, César Pérez Verónica, de Cepad, denunció que de 2000 a 2009, durante las administraciones de los gobernadores panistas Alberto Cárdenas Jiménez, Francisco Ramírez Acuña y Emilio González Márquez, la tortura ha ido creciendo bajo la complacencia de autoridades locales, entre ellas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y el Instituto Jaliscience de Ciencias Forenses.

Sara Méndez, del Código DG de Oaxaca, puntualizó que siguen vivas las denuncias de 30 expresos políticos detenidos el 25 de noviembre de 2006, sin que a la fecha haya detenidos.

El caso más representativo, agregó , es el de Marcelino Coache Verano, exconsejero y vocero de la APPO en 2006 y 2007, quien el 4 de marzo de 2009 fue secuestrado y torturado presuntamente por policías del estado.

Por último, Jorge Hernández, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, señaló que en 2010 recibieron 24 denuncias de tortura, en lo que va de este año, añadió, llevan un registro de 18, lo que implica una tendencia creciente para el cierre de este año.