OAXACA, Oax. (apro).- El director del albergue “Hermanos en el Camino” de Ixtepec, Oaxaca, el padre Alejandro Solalinde, informó que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) iniciaron las investigaciones por el secuestro de 80 a 100 migrantes, registrado el viernes 24 en el municipio de Medias Aguas, Veracruz. En tanto, Amnistía Internacional (AI) emitió una acción urgente por el “secuestro masivo de migrantes en México” y pidió al secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, que lidere la aplicación de un plan de acción para proteger los derechos de los indocumentados en tránsito. Luego de interponer la denuncia correspondiente ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), el presbítero comentó que la PGR se puso en contacto de inmediato con los testigos, y que la Quinta Visitaduría de la CNDH inició desde anoche una investigación, en el marco de su jurisdicción. Incluso, comentó que el organismo de derechos humanos videograbó algunos testimonios de los denunciantes para garantizar una indagatoria transparente. Por la mañana, en entrevista con Carmen Aristegui en MVS Radio, el padre Solalinde declaró que el único camino ante este tipo de hechos es el estado de derecho, por lo que no había más que “fiarnos de las instituciones”. Asimismo, indicó que la mayoría de los migrantes que fueron privados de su libertad venían de Guatemala, El Salvador y Honduras, y muchos de ellos estuvieron en el albergue. "Mínimo la tercera parte sí estuvo en el refugio o poco más de la tercera parte, por lo que sí tenemos retratos, tenemos nombres, por eso hacemos nuestro cálculos", aseguró. Según defensores de derechos humanos que colaboran en el albergue dirigido por el padre Solalinde, el pasado viernes un grupo de indocumentados viajaba de Ixtepec, Oaxaca, a Veracruz, cuando el tren se detuvo de repente en Medias Aguas, donde unos diez hombres armados bajaron de cuatro camionetas de lujo y los interceptaron. Los defensores dijeron que de acuerdo con dos testigos, en el tren viajaban unos 250 migrantes, incluyendo mujeres y niños, algunos de los cuales fueron capturados y otros lograron escapar por entre los arbustos. En un comunicado difundido el domingo, el albergue “Hermanos en el Camino” señaló que bajo amenazas de muerte muchos de los "sin papeles" fueron subidos a las unidades y trasladados a lugares desconocidos, en tanto que otros corrieron entre los matorrales para salvar sus vidas y regresaron al albergue para denunciar lo sucedido. En el texto, Solalinde advirtió que se trata de un hecho sumamente grave, porque este tipo de secuestros se reanudan en la región, luego de varios meses de que la delincuencia organizada había dejado de operar en la vía del ferrocarril, por lo que hizo una llamado a las autoridades federales y estatales para que atiendan el asunto de inmediato. Los denunciantes suponen que el cártel de Los Zetas, conocido por sus sangrientos asesinatos, está detrás del secuestro, ya que es un territorio dominado por ellos. Emite Amnistía acción urgente Luego de emitir una acción urgente por el “secuestro masivo de migrantes”, Amnistía hizo un llamado a la Segob a poner en marcha un plan de acción que incluya una investigación efectiva y la persecución de los responsables de estos abusos. AI también pidió garantizar la protección de los migrantes que se encuentran en riesgo y la recopilación y publicación a escala nacional de datos sobre los abusos sufridos por los indocumentados. Asimismo, solicitó a las autoridades proporcionar medidas de seguridad y visados temporales a los migrantes testigos del rapto masivo, con el fin de que puedan declarar contra los responsables sin temor a represalias o a ser deportados. Recordó que recientemente una comisión de Amnistía visitó México para investigar las denuncias de violaciones a derechos humanos contra estas personas y constató que muchos migrantes habían sido secuestrados por organizaciones criminales, a veces con la complicidad de funcionarios locales. Consideró que la impunidad respecto de los abusos contra migrantes, quienes son extremadamente vulnerables, ha favorecido que estas agresiones se incrementen, a pesar del compromiso del gobierno de asegurar el respeto a los derechos de los indocumentados. Según un reporte de la CNDH, unos 11 mil migrantes fueron secuestrados en México el año pasado en sólo un lapso de seis meses.