Tras el motín, fortalece El Chapo su feudo en el penal de Acapulco

lunes, 27 de junio de 2011
CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El motín del miércoles 22 de junio en el penal de Acapulco, en el que murieron cuatro reos, uno de ellos decapitado, confirmó los temores que desde el año pasado las autoridades guerrerenses, encabezadas entonces por Zeferino Torreblanca, comenzaron a admitir en informes internos: el hacinamiento en el centro penitenciario lo había convertido en un “foco rojo”, un polvorín que, si no se atendía, tarde o temprano, estallaría, como ocurrió la semana pasada. Aun cuando, hasta este lunes, el gobierno del estado no ha dado una explicación oficial sobre este hecho de violencia, el año pasado, en el ocaso del sexenio que encabezó Torreblanca Galindo, autoridades locales admitieron que desde hace seis años, el penal de Acapulco, estaba dominado por la “estructura” de los hermanos Beltrán Leyva”. Después de la muerte de Arturo Beltrán, El Barbas, esa estructura se dividió en varias células, las cuales llevaron al interior del penal de Las cruces --como se le conoce popularmente--, la cruenta guerra que libran en las calles por la disputa de la plaza, de acuerdo con fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública del estado. En marzo pasado, el exsecretario de Seguridad Pública estatal, Juan Heriberto Salinas Altés, ubicó a dos bandas de narcotraficantes como las responsables de la ola de extrema violencia que no cesa en Acapulco: el Cida (cártel independiente de Acapulco) y la banda “La Barredora” (una escisión del propio Cida) asociada cono el cártel de Sinaloa, que comanda Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. Localizada en las inmediaciones de la colonia Emiliano Zapata, en la zona conurbada del puerto, la cárcel de Acapulco tiene una capacidad 1,500 internos; sin embargo, actualmente cuenta con una población de 2,142 internos, entre hombres y mujeres, de los cuales, 631 enfrentan procesos y purgan condenas por delincuencia organizada y narcotráfico. De esos, 33 pertenecen al Cida, que controla el penal. El Chapo fortalece su feudo Dos días después del enfrentamiento en el penal de Las Cruces, considerado “previsible” por el visitador general de la Comisión Estatal de Defensa de Derechos Humanos (Coddehum), Hipólito Lugo Cortés, por el cúmulo de denuncias previas, el viernes 24, las autoridades estatales decidieron transferir a diferentes penales federales a 43 internos del penal de Acapulco vinculados con el Cida. Al interior de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, la decisión despertó suspicacias, pues, de acuerdo con fuentes de esa corporación, el traslado de reos tiene como fin desmantelar la célula del Cida que control el penal y dejar el “camino abierto” al grupo de El Chapo Guzmán para que asuma el control de esa penitenciaría, mientras continúa la batalla en las calles. Previo al motín que dejó un saldo de tres internos asesinados a balazos, uno de ellos decapitado, y ocho heridos, fueron reiterados los señalamientos contra autoridades carcelarias sobre presuntos actos de corrupción que desataron una serie de asesinatos contra custodios de este penal y exfuncionarios de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPPC), que estuvieron directamente encargados del sistema penitenciario. A principios de este año en Acapulco, fueron ejecutados y descuartizados en diferentes hechos, al menos cuatro custodios de los 140 que resguardan la población carcelaria. En estos crímenes, los sicarios dejaron narcomensajes contra el exsubsecretario estatal de Redaptación Social, Ángel García García, y el exdirector de Régimen Penitenciario, Alejandro Segovia Ríos, a quienes acusaban de proteger al exjefe operativo de la policía de Acapulco, Alejandro Alberto Devaux Zurita, Betito, detenido en abril pasado por infantes de Marina acusado de narcotráfico. Actualmente es señalado como uno de los líderes del ártel Independiente de Acapulco (Cida). En 2001, Devaux Zurita se desempeñó como asesor en materia de Seguridad de Zeferino Torreblanca Galindo, cuando el exmandatario fungió como alcalde de Acapulco, según consta en documentos oficiales consultados por Apro. A principios de mayo pasado, las advertencias escritas contra exfuncionarios de la SSPPC, se materializaron: La mañana del sábado 4o en una colonia de Acapulco, Ángel García fue ejecutado por dos sujetos armados con pistolas que lo interceptaron cuando salía de una iglesia, acompañado de su esposa e hijo, quienes resultaron ilesos. Hasta la fecha no han sido esclarecidos los crímenes de los custodios del penal de Acapulco, así como la ejecución de García García, el expoderoso subsecretario de SSPPC que administraba el sistema penitenciario en la entidad durante el sexenio de Zeferino Torreblanca. En este contexto, la tarde del miércoles 22 se registró el motín por un enfrentamiento armado entre dos grupos de internos en la zona de máxima seguridad, donde a pesar de que hubo internos asesinados a balazos, un decapitado y varios heridos por arma de fuego, las autoridades estatales, hasta este lunes, no han dado una explicación oficial sobre este hecho de violencia. Sólo se tiene el testimonio de un grupo de reos que se amotinaron junto con sus familiares, quienes denunciaron que las autoridades carcelarias, entre ellos el director Moisés Chopín Meza, brindaban protección a un grupo de 33 internos vinculados con el Cida encabezados por el exjefe policíaco de Acapulco, Betito Devaux Según las denuncias, este grupo del Cida que tenía el control del penal, se encargaba de vender droga y espacios, así como de extorsionar, torturar y matar a sus adversarios. Dos días después del zafarrancho, el viernes 24, las autoridades estatales decidieron transferir a diferentes penales federales a 43 internos del penal de Acapulco vinculados con el Cida. La lista era encabezada por Alberto Devaux, según constató Apro por medio de un documento de la SSPPC. Sin embargo, el gobierno del estado dio a conocer que fueron únicamente 25 los reos transferidos. Mediante un comunicado, el gobierno del estado informó que a partir del motín realizado por internos que "denunciaron diversas irregularidades cometidas en el interior del penal", policías estatales y fuerzas federales realizaron un operativo para trasladar "a reos federales" a otros centros penitenciarios de máxima seguridad. El gobierno estatal indicó que fueron transferidos 25 presos, a bordo de autobuses particulares escoltados por militares, marinos y policías federales. De acuerdo con la lista consultada por Apro, fueron 43 los reos transferidos. Hasta este lunes, las autoridades del estado se han abstenido de informar si se investiga la forma como eran introducidas al penal, armas de fuego y droga; así como los señalamientos en contra de las autoridades carcelarias de brindar protección al grupo de reos vinculados con el crimen organizado.

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