MÉXICO, D.F., 6 de junio (apro).- El secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, justificó la detención del exalcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon, y negó que dicha acción se inscriba en una campaña de “terrorismo político” contra opositores, como denunció el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Ese tipo de prácticas, es decir el uso político de la justicia, no corresponden a los tiempos actuales “y mucho menos al sentir del gobierno federal”, puntualizó el funcionario federal.

De acuerdo con Poiré, la detención del priista, hijo del exgobernador del Estado de México, Carlos Hank González, se hizo en flagrancia, con base en una denuncia anónima.

Y añadió que, según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el informante anónimo advirtió a las autoridades sobre la presencia de personas armadas en la colonia Hipódromo en Tijuana, Baja California, que condujeron al domicilio donde se hallaron más de 80 armas.

En entrevista con Carlos Loret de Mola en Primero Noticias, Poiré señaló que no se presentaron los permisos de las armas cuando fueron requeridos, por lo que elementos del Ejército procedieron a la detención de Hank Rhon, junto con 10 personas más, el pasado sábado 4, por el presunto delito de acopio de armas.

A los detenidos se les decomisaron 88 armas, entre ellas 43 de alto calibre, así como nueve mil 298 cartuchos.

Tras la detención del dueño de Grupo Caliente, su esposa, María Elvia Amaya, dio a conocer una carta escrita por el empresario, en la que negó que las armas encontradas en su domicilio sean suyas.

En tanto, la Procuraduría General de la República (PGR) amplió 48 horas más el plazo para definir la situación jurídica de los detenidos, lo que, añadió la dependencia en un comunicado, “evitará que los indiciados se sustraigan a la acción de la justicia mientras se deslinda su participación en la comisión del delito de delincuencia organizada”.

Incidentales, violaciones a los derechos humanos

En su segunda entrega sobre los 10 mitos de la lucha por la seguridad, Alejandro Poiré aseguró que las fuerzas armadas no violan sistemáticamente los derechos humanos de la sociedad, y que las violaciones registradas son “incidentales”.

Es un mito que las “fuerzas armadas usurpan las labores de la policía y violan sistemáticamente derechos humanos”, apunta el funcionario federal en su blog institucional.

Según Poiré, no se ha militarizado la lucha por la seguridad, y las Fuerzas Armadas no han abandonado sus cuarteles para tomar las calles.

“Ni el Ejército ni la Marina Armada de México están suplantando a las corporaciones policiacas. Actualmente los elementos desplegados, en conjunto con la Policía Federal, apoyan de manera temporal y subsidiaria a las autoridades civiles, y no actúan en solitario”, afirma.

Y en respuesta a las denuncias que se han hecho desde distintos ámbitos contra el Ejército, por presuntas violaciones a los derechos humanos, asegura que “son incidentales, se han sancionado, y no son el resultado de una cuestión estructural”.

De 2007 a 2010, añade, la Sedena y la Secretaría de Marina (Semar) realizaron poco más de un millón 600 mil servicios por año, y en lo que va de la administración de Felipe Calderón se han registrado cinco mil 369 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

De esas, agregó, “sólo en 0.08% de los servicios de las Fuerzas Armadas alguien estimó haber sido víctima de violación de derechos humanos por parte de los militares”.

Además, sostiene que del total de quejas, la CNDH sólo ha emitido 79 recomendaciones contra la Sedena y 11 contra la Semar, lo que significa, dice, que sólo en 1.7% de las quejas recibidas por el organismo se ha concluido que hay alguna responsabilidad y culminan en recomendación, mismas que se han recibido con un “serio compromiso con los derechos humanos y la reparación del daño”.