CANCUN, Q. Roo, 7 de junio (apro).- El exgobernador de Chiapas, Pablo Salazar, fue detenido esta tarde en el aeropuerto internacional de Cancún y trasladado a la entidad que gobernó, donde se le acusa de enriquecimiento ilícito y peculado.
El procurador de Quintana Roo, Gaspar Armando García Torres, confirmó que Salazar Mendiguchía fue detenido a las 18:30 horas por agentes de la Policía Federal (PF) en la Terminal 2 del aeropuerto, justo cuando se disponía a abordar un vuelo con destino al Distrito Federal.
Explicó a Apro que la Procuraduría Fiscal Especializada de Chiapas había solicitado la colaboración de su par quintanarroense para la búsqueda, localización y presentación de Salazar Mendiguchía ante las autoridades chiapanecas.
No obstante, aclaró que las autoridades quintanarroenses no participaron en la detención del exgobernador, quien fue identificado y detenido en la terminal aérea por agentes de la PF, quienes de inmediato lo pusieron a disposición del personal de la Policía Ministerial de Chiapas.
Indicó que Salazar Mendiguchía esperó aproximadamente una hora en la terminal FBO, de vuelos privados, para ser trasladado a Chiapas.
A las 19:30 partió el avión del gobierno chiapaneco que lo trasladó a aquella entidad.
García Torres informó que al momento de su detención Pablo Salazar se encontraba solo, y agregó que al parecer estaba en Cancún por estancia, ya que no estaba radicando en este destino turístico.
Luego de varios años de disputas políticas con su sucesor, el gobernador Juan Sabines, Salazar Mendiguchía fue trasladado en un aeronave propiedad del gobierno de Chiapas directamente desde Cancún hasta Tuxtla Gutiérrez, para ser llevado al penal de El Amate, el mismo que construyó en 2005.
Más tarde, la Procuraduría de Chiapas precisó que la captura de Pablo Salazar derivó de una orden de aprehensión dictada por el juez tercero en materia penal dentro de la causa 96/2011, tras las investigaciones iniciadas en febrero de 2009 por los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, abuso de funciones públicas, abuso de autoridad y asociación delictuosa.
En un comunicado, resalta que “el Ministerio Público presentó pruebas fehacientes que acreditan que Pablo Salazar, conjuntamente con diversos servidores públicos de sus administración, desvió recursos del estado por 104 millones de pesos”.
La dependencia chiapaneca detalló que a través de una aseguradora, los indiciados “contrataron una póliza denominada Vidadot-2-2, que abarcaba cobertura básica por fallecimiento, cobertura por supervivencia ‘Total’ y cobertura por gastos funerarios por el periodo que comprendía del 19 de diciembre de 2005 al 7 de diciembre de 2006, es decir, un día antes de terminar su gestión al frente del gobierno” de Chiapas.
En el boletín se añade que los exfuncionarios involucrados “le dieron el poder a Nelda Rosa Camacho Alayola, entonces secretaria de Administración, facultándola ante la compañía aseguradora para realizar todos los trámites correspondientes y poder cobrar los recursos públicos, lo que realizó por medio de diversos cheques el 27 de febrero de 2007, tres meses después de concluir sus periodo, cuando ya no tenían la calidad de servidores públicos”.
En el expediente, puntualiza, destacan peritajes y testimoniales por los que se corrobora que Pablo Salazar argumentó que ese dinero era un “bono sexenal” ante el fin de su administración.
Por último, destaca que por esos delitos el exgobernador podría alcanzar una pena de hasta 20 años de prisión.