TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 9 de junio (apro).- El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), José Francisco Blake Mora, pidió a los procuradores del país “acelerar el paso” y trabajar de manera coordinada para contrarrestar el avance del crimen organizado y rendirle cuentas claras a la sociedad. Al inaugurar la XXV Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en esta ciudad, Blake Mora afirmó que México “enfrenta uno de los más grandes desafíos de las últimas décadas: restablecer el estado de derecho para lograr que todos los mexicanos trabajen y vivan en armonía y en condiciones de seguridad y de paz”. El funcionario federal, quien estuvo acompañado del gobernador Juan Sabines y la procuradora general de la República, Marisela Morales, admitió que tras  la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, hace casi tres años, aún hay compromisos pendientes para revertir la debilidad de las instituciones responsables de procurar y administrar justicia en todo el país. Uno de esos compromisos, dijo, es el combate al secuestro, “el delito que más lacera y lastima a la sociedad entera”. De acuerdo con Blake Mora, en lo que va de 2011 se han perpetrado 837 secuestros, y las entidades que concentran el mayor porcentaje son Tamaulipas –que va a la cabeza con 143–, seguida del Estado de México, Nuevo León, Chihuahua y Veracruz. Frente a tal panorama, destacó la importancia de crear un nuevo sistema de justicia penal para los mexicanos, otro de los pendientes del Acuerdo firmado hace casi tres años, dijo. “Tenemos que acelerar el paso para concretarlos todos (los compromisos) en el territorio nacional. Estos cambios institucionales seguramente serán en beneficio de los justiciables, en beneficio de la nación entera”, puntualizó. En el terreno de la delincuencia, añadió, es conocida la amplia capacidad de corrupción y violencia generada por los grupos criminales, quienes además de traficar y vender drogas, han diversificado su actividad criminal, como el cobro de derecho de piso, el secuestro, la trata y el tráfico de personas. “Por eso, hoy como nunca nos llama la cooperación y la coordinación de los tres órdenes de gobierno y de las fuerzas armadas de nuestro país, precisamente para buscar los espacios de paz, de tranquilidad y de seguridad que nos exigen los mexicanos, la sociedad entera y, particularmente, algunas regiones de nuestro país”, subrayó. A los procuradores de todo el país que asistieron al evento –que inició este jueves y concluirá mañana–, Blake Mora les habló de la urgente necesidad de acelerar la aplicación de controles de confianza en todas las dependencias, principalmente las que se encargan de procurar y administrar la justicia. Especialmente, dijo, tenemos que alcanzar ya la certificación de las Unidades Antisecuestro. “Tenemos que darle cuentas claras y verdaderas a la población sobre nuestro desempeño y sobre el cumplimiento de nuestros compromisos”, dijo el titular de la Segob, quien aseguró ser un aliado de todos los procuradores. Durante su intervención, la procuradora Marisela Morales demandó estrechar la colaboración entre las procuradurías para la aplicación de medidas cautelares en el caso de delitos del fuero común. Y señaló que entre las medidas cautelares, posiblemente la figura del arraigo sea la más controvertida, por eso –añadió– “no puede ni debe dejarse fuera de la agenda, ya que debemos concretar una definición y sustento jurídico que atenúen las apreciaciones subjetivas de la opinión pública en general”. Morales dijo que en esta plenaria se abordará el tema de los decesos relacionados con la rivalidad delincuencial en México, a fin de conformar mecanismos que permitan la homologación y consolidación de información en esa materia. “La finalidad es documentar cada uno de los homicidios perpetrados con su correspondiente actuación ministerial, para avanzar en el esclarecimiento de los hechos delictivos y abatir la impunidad de los infractores”, dijo la procuradora. La idea, añadió, es formalizar un protocolo para el intercambio de información y la estructuración de las bases de datos por fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial. Para lograrlo, dijo, debe establecerse el compromiso de los procuradores para reunir la información ministerial y jurídica de cada uno de los eventos en que se hayan dado muertes producto de enfrentamientos y ejecuciones entre miembros de la delincuencia o agresiones contra las autoridades.