MÉXICO, D.F. (apro).- Amnistía Internacional (AI) instó a la Procuraduría General de la República (PGR) a acatar el fallo de la Corte y a realizar las investigaciones debidas de las denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas –pasadas y presentes—por las Fuerzas Armadas. En un comunicado, recordó también que los poderes Ejecutivo y Legislativo están obligados también a concretar una reforma al sistema de justicia militar, en consonancia con la resolución de la Corte. Luego de celebrar la exclusión de la jurisdicción militar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas las Fuerzas Armadas, Amnistía Internacional destacó que la decisión del máximo tribunal del país "además establece un precedente importante acerca de la obligación de cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los tratados internacionales de derechos humanos". Asimismo, recordó que ha documentado varios casos de desaparición forzada en los últimos meses sin que las autoridades militares o civiles realicen investigaciones para esclarecer los hechos. Amnistía Internacional considera que la resolución "ofrece una oportunidad crucial para que las instituciones en los tres niveles del Estado empiecen a operar en base a la obligación de respectar, proteger y garantizar los derechos humanos". Indicó que "es de suma urgencia que la Procuraduría General de la República asuma su responsabilidad de abrir y avanzar en la investigación de las denuncias de violaciones cometidas por las Fuerzas Armadas y que las demás instituciones respeten esta transformación como un paso fundamental para consolidar la justicia y terminar con la impunidad". La organización consideró además que hasta el momento, las secretarías de Defensa Nacional, Marina y Gobernación han mostrado su disposición de acatar parcialmente la decisión de la SCJN, por lo que espera que asuman el carácter obligatorio de esta resolución y además reconozcan que representa un paso positivo para demostrar el compromiso de las fuerzas armadas de someterse a controles civiles y para la rendición de cuentas ante la sociedad. Amnistía Internacional también considera que la decisión de la SCJN señala el camino para el Ejecutivo y la Legislatura para reformar el código penal militar en conformidad con la resolución de la SCJN y las sentencias de CIDH.