Condena CIDH masacre en Juárez; urge a reforzar seguridad en Ceresos

viernes, 29 de julio de 2011
MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la ejecución de 17 internos del penal de Ciudad Juárez, Chihuahua, el pasado 25 de julio y urgió al gobierno del presidente Felipe Calderón a adoptar medidas concretas para asegurar la seguridad interna de los centros penitenciarios. "La CIDH expresa preocupación por los hechos ocurridos, y subraya que el Estado como garante de los derechos de las personas privadas de libertad tiene el deber de adoptar medidas concretas para asegurar la seguridad interna en los establecimientos penitenciarios”, señaló el organismo a través de un comunicado. Entre las medidas que se deben de tomar en cuenta, la CIDH enumera la prevención efectiva del ingreso de armas, drogas y el control de la actividad de las organizaciones criminales que hay en las cárceles mexicanas. El organismo expresó su preocupación porque en la riña perdió la vida una reclusa –Ana Cristina Andrade Gallegos, identificada como líder de Los Aztecas en el área femenil– quien en ese momento “se encontraba inexplicablemente en el área de reclusión masculina", señaló la organización. Al respecto, la CIDH puntualizó que el derecho internacional de los derechos humanos impone a los Estados la obligación de garantizar la separación efectiva entre hombres y mujeres en los centros de privación de libertad. Esto implica, entre otras cosas, refirió el organismo internacional,  que “el Estado debe actuar con la debida diligencia para prevenir la interacción entre hombres y mujeres en aquellos centros penitenciarios cuya población penal es mixta". El lunes pasado, una disputa entre las bandas rivales de Los Aztecas, ligado al grupo delictivo de La Línea y Los Mexicles, ligados al cártel de Sinaloa, dejó un saldo de 17 personas muertas, entre ellas, Cristina Andrade, además de una veintena de heridos. Las autoridades iniciaron dos líneas de investigación: el enfrentamiento entre bandas rivales por la disputa por el control del Centro de Readaptación Social (Cereso), y la otra era sobre un supuesto plan de fuga pero no prosperó. La masacre puso al descubierto diversas irregularidades en el centro penitenciario, como el ingreso de sexoservidoras al penal, incluidas menores de edad, así como la introducción consentida de alcohol, drogas y armas de fuego.

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