Publicidad oficial y radios comunitarias, a debate en la SCJN

miércoles, 6 de julio de 2011
MÉXICO, D.F., (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definirá en cualquier momento el litigio que inició la radio comunitaria “La Voladora”, de Amecameca, Estado de México. La radiodifusora se amparó contra la decisión de la Secretaría de Salud de negarle publicidad oficial, y logró que organizaciones como Artículo 19, Fundar y la Alianza Regional para la Libertad de Expresión e Información presentaran fernte a los ministros argumentos técnicos, como el amicus curiae. El 28 de junio pasado se presentaron ante la Segunda Sala de la SCJN los argumentos de los amicus curiae a favor del alegato de “La Voladora”. El documento advierte que la ausencia de criterios claros en la asignación de la publicidad oficial atenta contra la libertad de expresión, impacta en la pluralidad informativa del país y viola el derecho que tienen los ciudadanos de recibir información. Subraya, además, que el Estado debe estar sometido a criterios distintos a los entes comerciales y privados para distribuir la publicidad oficial, y el argumento de la Secretaría de Salud, de “invariablemente buscar medios de amplia cobertura” para la difusión gubernamental, “no es válido desde una perspectiva del derecho de la información”. “Si el rating es el único criterio que se toma en cuenta a la hora de asignar la pauta gubernamental, el Estado profundiza la homogenización mediática al fortalecer sólo a las grandes empresas. Cada año se asignan recursos millonarios a través de publicidad oficial sin criterios ni objetivos claros”, se lee en la argumentación de Fundar y Artículo 19. “La Voladora” es una radio comunitaria que transmite en la frecuencia 97.3 FM, y desde hace cinco años cuenta con el permiso de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) para difundir sus programas en las comunidades de Amecameca. En 2010 solicitó la protección del Poder Judicial vía amparo contra la decisión de la Secretaría de Salud. El caso fue atraído por la SCJN desde febrero pasado.

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