MÉXICO, D.F. (apro).- El conflicto legal que desde hace más de 10 años mantuvo el Gobierno del Distrito Federal (GDF) con la empresa Promotora Internacional Santa Fe, derivado de la expropiación del predio “El Encino”, ubicado al poniente de la ciudad, en Santa Fe, llegó a su fin este jueves. Por seis votos contra cinco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio la razón al exmandatario capitalino, Andrés Manuel López Obrador, al aprobar el pago del predio ubicado en la delegación Cuajimalpa, como cumplimiento sustitutivo de un amparo que ordenaba al GDF regresar ese terreno a su dueño. Ahora, el caso será devuelto al juzgado de origen para que el juez determine el monto de la indemnización. La decisión que en su momento provocó el desafuero de López Obrador, quien ordenó utilizar el predio para vialidades por causa de utilidad pública, fue validada hoy por la SCJN, al señalar que “el beneficio de la colectividad al utilizar este predio es mayor que el beneficio económico que pudiera recibir su propietario”. Los ministros que suscribieron la propuesta de José Ramón Cossío fueron Olga Sánchez Cordero, Fernando Franco, Luis María Aguilar, Sergio Valls y Arturo Zaldívar, mientras que votaron en contra Guillermo Ortiz, Margarita Luna Ramos, Sergio Aguirre, Jorge Pardo y Juan Silva Meza. Al emitir su voto, Arturo Zaldívar manifestó que “está suficientemente acreditado que la sociedad está sufriendo todos los días, que exceden por mucho el interés económico que pudiera tener el quejoso. Por esto, yo creo que es procedente el cumplimiento sustituto de la sentencia”. No obstante, los ministros que votaron en contra del proyecto consideraron que no se reunían los elementos para ordenar el cumplimiento sustitutivo del amparo obtenido por Promotora Internacional Santa Fe, a quien pertenece el predio El Encino. “Me voy a pronunciar en contra del proyecto. El proyecto está bien elaborado, pero me voy a la situación absoluta protección irrestricta de la propiedad privada”, explicó Silva Meza. En el año 2000, con fechas 10 y 14 de noviembre, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el decreto por el que se expropiaron dos fracciones del predio conocido como “El Encino”, con el propósito de construir la ampliación de las vialidades Vasco de Quiroga y Carlos Graef Fernández. Veinte días después, la empresa Promotora Internacional Santa Fe interpuso un amparo contra el decreto, sus efectos y consecuencias. El 26 de octubre de 2001 un juez de distrito otorgó a la empresa el amparo contra la expropiación, y el 17 de abril de 2002 el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito lo confirmó. El gobierno capitalino argumentó razones de peso para no regresar las fracciones expropiadas porque, argumentó que esto causaría un perjuicio grave a la sociedad. En 2003 se remitió el expediente a la SCJN. Aunque los trabajos se habían suspendido, en mayo de 2004, el presidente Vicente Fox, mediante la Procuraduría General de la República (PGR), solicitó el desafuero del en aquel entonces jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, por considerar que incurrió en el delito de abuso de autoridad al haber incumplido una suspensión definitiva en el juicio relativo al predio “El Encino”. Por la tarde, la consejera jurídica del GDF, Leticia Bonifaz, aseguró que el gobierno de la ciudad está dispuesto a pagar 70 millones de pesos a la Promotora Santa Fe por el terreno en cuestión. En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, la funcionaria destacó que lo más importante es que después de 11 años se cierra un capítulo jurídico que nunca debió haberse prolongado. “Se va a poder construir muy pronto esa vialidad, ya que las obras estaban detenidas totalmente, pero sobre todo, comenzando la obra, ya no se para y podemos construir la vialidad, eso es lo que urge para agilizar el problema vial que se registra en la zona”, expresó. La funcionaria del GDF señaló que el gobierno dispuso un presupuesto para este año de 70 millones de pesos para solventar el gasto. “Estamos en contacto con el dueño del predio para perjudicarlo lo menos posible. Es algo que se tiene que pagar y hacer el avalúo. Aunque, no puede valer algo de 70 a 200 millones de pesos, no se puede disparar; además en la zona de ‘El Encino’ no se desarrolló nada”, detalló. Leticia Bonifaz reiteró que el problema son alrededor de 120 metros cuadrados, y no los 3 mil 400 del predio.