MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones defensoras de los derechos humanos exigieron al gobierno de Felipe Calderón garantizar su trabajo y sentar las bases para la instrumentación del mecanismo de protección de activistas. Durante la inauguración del Cuarto Encuentro Nacional de Defensores de Derechos Humanos, organizado por el Centro de Derechos Humanos Agustín ProJuárez (Prodh), representantes de organizaciones civiles reflexionaron sobre los riesgos de realizar su trabajo en el contexto de la guerra contra el crimen organizado y de la descalificación de las autoridades federales. El encuentro se realiza luego de la suspensión de pláticas entre la Secretaría de Gobernación y las organizaciones civiles para discutir los mecanismos de protección después de que el secretario de Marina, Francisco Saynez, señalara a los “grupos ciudadanos” como instrumentos del “juego perverso de los criminales”, al utilizar “la bandera de los derechos humanos” para “dañar la imagen de las instituciones”. El obispo de Saltillo, Raúl Vera López, quien ha sufrido ataques por defensa de los derechos humanos, reclamó al gobierno de Calderón garantías para “tener la libertad de defender y seguir construyendo al país con justicia y dignidad, y no haciendo las atrocidades que dice ese señor (Saynez)”. Vera López, impulsor de organizaciones civiles de derechos humanos en los estados de Guerrero, Chiapas y Coahuila, donde ha sido obispo, resaltó que la labor de defensores es legítima y que tiene el respaldo de la Constitución y del derecho internacional, por lo que insistió en que el deber de los gobiernos federal y estatales es garantizar su derecho a trabajar por los débiles. Sin embargo, recomendó no desgastarse “con los que quieren adueñarse de lo que dice la ley y la Constitución, somos un ejército más fuerte porque nos asiste la razón y la verdad, que son valores indestructibles”. La directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Alejandra Nuño, consideró como un avance “que el acuerdo para la creación del mecanismo de protección de defensores esté publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), sin embargo, se requiere que las organizaciones sean consultadas para que haya una real instrumentación de los mecanismos y para que se considere la investigación de agresiones y amenazas como un factor indiscutible de la protección”. Nuño recordó que la violencia contra defensores se ha ido acrecentando sin que el Estado mexicano asuma a cabalidad su responsabilidad para ese sector de la sociedad. Recordó que en agosto de 2001, a petición del Estado mexicano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) retiró las medidas provisionales dictadas a la abogada del Centro Prodh, Digna Ochoa, quien meses después de esa decisión, en octubre de ese mismo año, apareció muerta en su despacho. “Hasta ahora no tenemos una investigación efectiva, razonable e imparcial de lo ocurrido con Digna Ochoa, y la impunidad es lo que da paso a que se perpetren más amenazas y atentados contra defensores”, apuntó. Alejandra Nuño resaltó que hasta el momento la CIDH ha dictado medidas provisionales para 107 defensores de Guerrero y 37 de Chihuahua, “con lo que se demuestra que de norte a sur, de este a oeste, los defensores en México realizan una profesión de riesgo”. La abogada puntualizó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dictado, por su parte, decenas de medidas cautelares a defensores, periodistas, comunidades indígenas, entre otros sectores, “porque cada día México se está convirtiendo en un país en el que buscar verdad y justicia es un riesgo, tanto así que ocupa el segundo lugar en el continente de solicitudes de intervención a la CIDH, es decir, muchos mexicanos están concientes de que aquí en nuestro país nunca van a encontrar verdad y justicia y salen a buscarla a tribunales internacionales”. En el evento, el secretario de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa, Cuahutémoc Ramírez, denunció que el pasado miércoles a la media noche, unas siete personas armadas identificadas como informantes del Ejército pretendieron allanar las oficinas de su organización. “Dentro de la oficina estaban personas que forman parte del paquete de 107 defensores con medidas provisionales de la CIDH; los hombres golpearon la puerta de la oficina, amenazaban con entrar y estaban armados; amenazaron a las personas con matarlas. De inmediato, nuestra gente llamó al comandante policiaco, que es nuestro contacto para que respondan ante una amenaza, pero la policía llegó una hora después de que golpearon la puerta”, contó Ramírez. El defensor hizo notar que en unas semanas más se cumplirá un año que la CIDH emitió las sentencias por las violaciones sexuales de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, hechos atribuidos a elementos del Ejército.