MÉXICO, D.F. (apro).- El caso del migrante guatemalteco asesinado dio un vuelco, luego de que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México inculpó a policías de esa entidad en el crimen registrado el pasado domingo 7 en el municipio de Tultitlán. Según la PGJEM, testigos de los hechos vieron a los uniformados golpear salvajemente a Julio Fernando Cardona Agustín, en las inmediaciones del parque recreativo Centenario. Por esos hechos, la PGJEM cumplimentó una orden de aprehensión contra dos policías de Tultitlán por su probable responsabilidad en el homicidio de Cardona Agustín. Testigos no identificados por las autoridades señalaron que, al escuchar los gritos del joven se acercaron y se percataron de que los policías lo tundían a golpes. De acuerdo con el dictamen de necropsia de ley, Cardona falleció por “alteraciones tisulares y viscerales consecutivas a traumatismo craneoencefálico”. La unidad en la que los policías trasladaron al migrante del albergue San Juan Diego al Parque Centenario fue asegurada y tras realizar un rastreo hemático, éste resultó positivo mediante la prueba de luminol. Por la mañana, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes exigieron justicia al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, por el asesinato a pedradas del guatemalteco Julio Fernando Cardona Agustín, quien presuntamente fue “entregado” por policías del municipio de Tultitlán a sus verdugos. En conferencia de prensa conjunta, organizaciones como Sin Fronteras, Fundar, el Instituto para la Seguridad y Democracia, Idheas y el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), repudiaron la violencia y xenofobia de la comunidad contra los indocumentados. Los activistas coincidieron en que se trata de un “crimen de odio” por xenofobia en el que las autoridades tienen un alto grado de responsabilidad, porque siguen criminalizando a los trabajadores indocumentados y no hacen lo suficiente para defender sus derechos. “Demandamos al gobernador Enrique Peña Nieto y a la Procuraduría de Justicia que se haga una investigación efectiva del caso que involucra a dos policías, así como de los otros casos de abusos y extorsiones que sufren los migrantes en su paso por el estado", pidió Irineo Mújica, del Movimiento Migrante Mesoamericano. Cardona fue asesinado el pasado 7 de agosto en el municipio de Tultitlán. Según el sacerdote Hugo Raudel Montoya, director de la Casa del Migrante San Juan Diego, el joven formaba parte de la caravana “Paso a Paso Hacia la Paz”. Mújica afirmó que a pesar de las pruebas de que Julio Cardona fue asesinado, las autoridades municipales rechazaron admitir la denuncia del caso y trataron de intimidar a los testigos. Una de las hipótesis para explicar el crimen, según Mújica, es que un grupo de personas que acusaron de robo al joven guatemalteco de 19 años le pagaron 500 pesos a policías municipales para que lo detuvieran y se lo entregaran para luego, matarlo a pedradas a unos cuantos metros de las vías del tren. Martha Sánchez, también del Movimiento Migrante Mesoamericano, afirmó que el Estado no ha sido capaz de garantizar la seguridad y la integridad física de los migrantes y que el de Fernando Cardona fue “un crimen de odio que debe ser esclarecido”. Lamentó que pese a los avances de la nueva Ley de Migración, las agresiones contra los indocumentados no han disminuido y, por el contrario, han empeorado. Prueba de ello fue la “impactante y devastadora” manifestación xenófoba que un grupo de vecinos de la colonia Lechería, en Tultitlán, realizó el sábado pasado contra el albergue para migrantes San Juan Diego. Protestaron frente al refugio con el argumento de que, desde su apertura en enero de 2009, los migrantes permanecen más tiempo en la localidad y generan problemas de inseguridad e insalubridad. Nancy Pérez, directora de Sin Fronteras y Miguel Pulido de Fundar, afirmaron que el caso de Cardona no es único, pues muchos migrantes son agredidos en su paso por territorio nacional. Afirmaron que las autoridades de los tres niveles de gobierno son corresponsables del homicidio, por tolerar o fomentar los actos de racismo y xenofobia contra los migrantes provenientes en su mayoría de Centroamérica. Juan Rojas, de Insyde, señaló que las corporaciones policiacas municipales tienen problemas estructurales relacionados con corrupción, impunidad, uso de la fuerza y violación a los derechos humanos. Por su parte, la Procuraduría de Justicia del Estado de México (PGJEM) informó que entregó este viernes a personal de la Embajada de Guatemala en México el cuerpo de Fernando Cardona Agustín. El cadáver fue trasladado la mañana de este viernes al aeropuerto de la Ciudad de México y de ahí será llevado a Guatemala. El municipio de Tultitlán, por su parte, aseguró que colaborará con la Procuraduría mexiquense en las indagatorias para esclarecer el crimen de Cardona Agustín.