La urdimbre mafiosa que engendró el PAN

sábado, 27 de agosto de 2011
Podría decirse que el ataque terrorista al Casino Royale de Monterrey estaba más que anunciado. Voces de la oposición advirtieron que los casinos eran un peligro: junto a ellos, señalaron, se desarrollan estructuras tipo mafioso que explotan la trata de blancas, el narcotráfico, el lavado de dinero y la violencia. Una legisladora perredista pidió a la PGR que investigara algunas casas de apuestas regiomontanas, pero la ignoraron El gobierno emanado del PAN legalizó el juego, dejó de supervisar en los estados la operación de los casinos, provocó un crecimiento desbocado de las casas de apuestas –de 122 a 550 en una década de gobierno federal– y “se coludió con poderosas organizaciones”, con lo que puso en peligro “la seguridad” del país. Una muestra de ello fue el ataque terrorista perpetrado contra el Casino Royale de Monterrey el jueves 25, con saldo de 52 muertos. Hace menos de dos meses, en su edición 1810,  Proceso dio cuenta de cómo imperan en los casinos de Monterrey la anarquía, los abusos y ciertas actividades ligadas al narcotráfico, como el lavado de dinero. Además, operan centros de apuestas ilegales –que según algunas organizaciones empresariales son poco más del doble de los legales–, las cuales dejan de pagar al estado por concepto de impuestos al menos dos mil millones de pesos anuales. Concesionarios que pidieron el anonimato afirmaron a este semanario: “Vemos con gran preocupación que los establecimientos que operan de manera ilegal son caldo de cultivo para la participación del crimen organizado; existen datos que arrojan que dichos lugares son utilizados como pantallas en la red de estrategias para el lavado de dinero producto de actividades ilícitas”. Igualmente mencionaban la corrupción gubernamental: “Es evidente que detrás de cada uno de los 185 casinos ilegales detectados existe la participación por acción o por omisión de funcionarios públicos desleales. Existe la fuerte presunción de que los casinos ilegales se utilizan para blanquear dinero producto del crimen organizado” (Proceso 1810). (Extracto del reportaje que se publica esta semana en la edición 1817 de la revista Proceso, ya en circulación)