No más casinos en Nuevo León: gobernador

sábado, 27 de agosto de 2011 · 19:53
MONTERREY, N.L. (apro).- El gobernador Rodrigo Medina de la Cruz anunció esta tarde reformas a las leyes estatales para que en Nuevo León no pueda ser abierto ni un casino más. Tras la masacre en el Casino Royale, el jueves pasado, que dejó como saldo 52 muertos, el estado promoverá modificaciones a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado para prohibir explícitamente instalación de casinos, medida que deberá ser respaldada en las leyes de los ayuntamientos y con enmiendas a las disposiciones federales. En conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado del alcalde de esta capital Fernando Larrazábal, el mandatario comunicó que le presentó su renuncia el magistrado José Alfonso Solís Navarro, de la Primera Sala del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), quien dio protección legal a la casa de apuestas siniestrada y que había sido señalado de corrupto. Medina anunció un plan para regular los casinos que operan en la entidad, mediante una revisión inmediata de sus medidas de seguridad, que emprenderán Protección Civil del estado y los municipios. El estado revisará las resoluciones del TCA que han impedido las acciones de la autoridad municipal que buscan clausurar los establecimientos, como se han quejado algunos ediles. Fue anunciada también una reforma a la Ley de Justicia Administrativa para que el Tribunal no pueda impedir que las autoridades revisen las medidas de seguridad en los casinos, como se quejó Larrazábal tras el incendio en el Casino Royale, donde no había salidas de emergencia. Medina pidió a la Secretaría de Gobernación que regule los casinos que ya funcionan y que clausure los que violan los reglamentos, además de que transparente la información sobre los propietarios. También le pedirán a la Secretaría de Hacienda que verifique si no hay operaciones de “lavado” de dinero en las casas de apuestas. Debido a la confusión sobre la identidad de los casinos que operan con nombres diferentes a las de las empresas que los administran, se desconoce con precisión la cantidad de estos negocios que están abiertos en la entidad, una cifra que ha sido estimada en 53 por algunas fuentes. Alegan que operaba en la legalidad El Casino Royale operaba en la legalidad y contaba con las salidas de emergencia requeridas por Protección Civil del Estado y el municipio de Monterrey, aseveró esta tarde el abogado Juan Gómez Jayme. En representación de los propietarios del establecimiento, afirmó que los empresarios se encargarán de los gastos funerarios y médicos de los trabajadores que perecieron en el ataque incendiario del que aún no se tienen detenidos. El litigante dijo que no podía presentar documentos que acreditaran la anuencia de Protección Civil de Monterrey debido a que una copia se quemó con el establecimiento y la otra está en una oficina bajo llave, y no pudo acceder a ella debido a que por ser sábado nadie trabaja en el establecimiento. Únicamente presentó un dictamen de Protección Civil del estado de enero del 2003, firmado por Jorge Camacho Rincón quien es, desde entonces, director de la dependencia, aunque la anuencia está a nombre de la empresa Casa Sanitarios y Azulejos, SA de CV. Gómez Jayme dijo que el dictamen está a nombre de esa empresa porque es la razón social ubicada en el inmueble antes de ser casino. Aclaró que los dueños del establecimiento son los hermanos Raúl y Jorge Alberto Rocha Cantú que son propietarios, respectivamente, de Cymsa Corporation y Entertainment Enterprises de México. Los dos establecieron desde el 2003 una sociedad con la empresa Atracciones y Emociones Vallarta (AEV), propiedad de los hermanos Madero, que son los permisionarios del Casino Royale, que abrió sus puertas en el 2007. Este sábado, AEV difundió un desplegado en periódicos locales en el que se desligaba del funcionamiento de Casino Royale, del que se disoció el 19 de septiembre del 2008. El abogado dijo que ese acuerdo aludido en el desplegado era unilateral y carecía de validez legal. Gómez comentó que sus representados acudirán a los citatorios de la justicia cuando sean requeridos.

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