Exige PRD dar protección a hija de Lucio Cabañas por amenazas de muerte

miércoles, 3 de agosto de 2011
MÉXICO, D.F. (apro).- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) exigió hoy al gobierno federal el pronto esclarecimiento del asesinato de Isabel Anaya Nava, viuda del guerrillero Lucio Cabañas, y demandó brindar protección a la hija de éste, Micaela Cabañas Anaya, quien ha recibido amenazas de muerte. En conferencia de prensa, Luciano Borreguín, secretario de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos del PRD, exigió también justicia para Reyna Ayala, quien también falleció en el ataque del pasado 3 de julio cuando salían de un templo en el poblado de Xaltianguis, municipio de Acapulco, Guerrero. La hija de Lucio Cabañas acudió al PRD a solicitar apoyo para pedir asilo político en algún país, debido a que las constantes amenazas de muerte que ha recibido, le hacen temer por su vida, la de su hijo y 17 miembros de su familia. Ayer hizo lo propio ante el Centro de Derechos Humanos Agustín ProJuárez. Isabel y Reyna Anaya Nava fueron baleadas por dos sujetos que viajaban en un automóvil azul, el cual, horas más tarde, fue encontrado incendiado, de acuerdo con el procurador de Guerrero, Alberto López Rosas. Ese mismo día Micaela Cabañas, integrante de la organización “Nacidos en la Tempestad”, recibió amenazas de muerte en su celular, enviadas desde el teléfono móvil de su madre. Después de que Lucio Cabañas muriera, Isabel Ayala Nava y su familia enfrentaron hostigamientos y amenazas del gobierno priista del estado gobernado entonces por Rubén Figueroa, por lo que tuvo que abandonar el país durante varios años. En 2008 regresó a vivir a Xaltianguis y participó en la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, así como en Izquierdas Unidas del Sur; y respaldaba las actividades de su hija Micaela Cabañas Ayala en “Nacidos en la Tempestad". Acompañado por Micaela Cabañas, Borreguín dijo que la muerte de Isabel y Reyna es una clara muestra de que el Estado Mexicano no sólo no ha sido capaz de garantizar la seguridad y los derechos de las y los luchadores sociales, quienes a través de la participación pública y en los marcos del estado de derecho demandan el esclarecimiento y el castigo de los responsables de la “guerra sucia” en Guerrero. Tampoco ha hecho nada por impedir el asesinato de estos activistas, así como las amenazas contra Micaela. Ella y su madre recibieron en 2010 un reconocimiento como luchadoras sociales. Micaela decidió pedir asilo político en Estados Unidos, pues considera que el Estado no es capaz de garantizarle el respeto a su vida, la de su hijo y la de sus familiares.

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