MÉXICO, D.F. (apro).- Los diputado federales de Nuevo León exigieron la renuncia del alcalde de Monterrey, el panista Fernando Larrazábal, con el fin de que sea investigado por presuntos hechos de corrupción en su administración. Lo anterior, luego de que este día proceso.com.mx y el diario Reforma dieron a conocer fotografías y videos en donde aparece Manuel Jonás Larrazábal, hermano del alcalde, recibiendo fajos de billetes en diferentes casinos de la localidad. En rueda de prensa, los siete legisladores federales también exhortaron al cabildo de Monterrey que demande al presidente municipal presentar licencia al cargo. El coordinador de la representación nuevoleonesa en la Cámara de Diputados, Eduardo Bayle Elizondo, estableció que ante “los presuntos actos y hechos de corrupción en los que se ha visto involucrado el alcalde Fernando Larrazábal, precisamente en el tema de los casinos, es para nosotros altamente reprobable y nos manifestamos por que las autoridades lleguen a las últimas consecuencias. “Pedimos que se investigue la participación del alcalde en presuntos hechos de corrupción que han salido a la luz pública en estos días”, añadió el coordinador, quien fue secundado por el diputado Felipe Enríquez en la exigencia de la solicitud de licencia del edil regiomontano. Se trata, aclaró el legislador, de que el munícipe “enfrente los hechos como cualquier ciudadano… también solicitamos a los integrantes del ayuntamiento de Monterrey que, a la brevedad, convoquen a sesión de cabildo y soliciten a Fernando Larrazábal, de manera inmediata, su licencia al cargo para que pueda ser investigado”. A su vez, el diputado Ildefonso Guajardo Villarreal dijo que ahora no sólo se están enfrentando hechos como el incendio del Casino Royale, que dejó un saldo de 52 muertos, sino que están saliendo a la luz pública problemas de corrupción, los cuales “nos llevan a la conclusión clara de que en esta lucha para sanear al país no debe haber medias tintas”. Advirtió que si el alcalde quiere deslindarse de su hermano, “sería mucho más honesto asumir la responsabilidad que le corresponde y enfrentar directamente las acusaciones, según las cuales se estaba obteniendo dinero directamente de los casinos”. Consideró que las revelaciones periodísticas son una muestra de que no hay una diferencia entre los famosos delincuentes de “cuello blanco” y los criminales comunes. “Esa línea fronteriza ya no existe (pues) son tan culpables aquellos que permiten y facilitan las actividades ilícitas”. En este caso, puntualizó, la responsabilidad es del municipio de Monterrey, el cual debe esclarecer por qué se estaba extorsionando a los dueños de los casinos. La extorsión, venga de los criminales o de los funcionarios públicos, debe ser castigada con la misma intensidad, sostuvo. En tanto, la diputada Marcela Guerra, quien también forma parte de la Comisión de Vigilancia, anunció que solicitará dos auditorías: una a la Secretaría de Gobernación (Segob), en materia de evaluación de desempeño, para saber por qué sólo ha podido supervisar 40% de los casinos que operan en el país. Debido a que, por un lado, “el gobierno federal persigue el crimen organizado y por el otro tiene mano laxa para dejar que este tipo de centros de apuestas operen de manera ilegal en el país”, acusó Guerra. La segunda revisión, detalló, toca a la Auditoria Superior de la Federación (ASF), con el objetivo de que verifique el estatus de los 27 permisos que otorgó la Segob desde 1973; los entregados en el sexenio de Vicente Fox, y las ampliaciones facilitadas en la administración de Felipe Calderón. También se pedirá al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) “nos revele los nombres de las personas que están en los consejos técnicos de todos los casinos, sus socios y propietarios, con el fin de transparentar toda esta situación de corrupción y de mal uso de la función pública”, dijo Marcela Guerra. La fracción parlamentaria invitó a los demás legisladores federales, así como a los integrantes de las diferentes cámaras de comercio y organizaciones sociales de Nuevo León, sumarse a la exigencia de separación del cargo del alcalde Fernando Larrazábal.