TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro).- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ejecutó una orden de aprehensión por el delito de “homicidio doloso” (comisión por omisión) en contra del exgobernador de Chiapas Pablo Salazar Mendiguchía, preso en el penal de El Amate. La orden de aprehensión está relacionada con la muerte de 22 bebés ocurrida entre los meses de noviembre de 2002 y enero de 2003, en un hospital público del municipio fronterizo de Comitán. En los primeros minutos de este jueves, la PGJE dio a conocer un extenso comunicado oficial en el que detalló las investigaciones y las razones por las que se le fincaron responsabilidades penales al exgobernador tras la muerte de los bebés en el Hospital María Gandulfo de Comitán. La PGJE dijo que luego de analizar todas y cada una de las pruebas vertidas en los cinco tomos, 33 anexos y 23 mil 255 fojas útiles que conforman el expediente penal, el miércoles el Juez Primero del Ramo Penal con sede en “El Amate” libró orden de aprehensión en contra del exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía, misma que le fue notificada en su celda del penal. En la misiva oficial, la PGJE apuntó que la orden girada por el juez de la causa, dentro del expediente penal 138/2011, es en relación al homicidio de dos menores de edad: Jesús Alejandro Morales Alfaro y Gerardo Morales Alfaro. En el marco del expediente penal, destacan las declaraciones de 41 servidores y exservidores públicos, así como las conclusiones de exámenes de necropsia, periciales y contables al hospital general, lo que permitió determinar que, entre otras cosas, existía una grave deficiencia en equipamiento médico, recursos humanos, medicinas y sanidad. En relación a la muerte de los gemelos de apellidos Morales Alfaro, la PGJE dijo que el 23 de julio de este año la madre de los menores, Concepción Alfaro Zamorano, compareció ante el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Relacionados con Servidores Públicos de la Procuraduría de Chiapas, a quien expresó su inconformidad legal por la determinación del no ejercicio de la acción penal de la averiguación previa iniciada en el año 2002 por el fallecimiento de sus bebés, toda vez que en ningún momento fue notificada. Precisó la dependencia estatal que en atención a esta denuncia, la Fiscalía Jurídica Normativa de la Procuraduría de Chiapas analizó la solicitud lo que le permitió detectar graves inconsistencias en la determinación del no ejercicio de la acción penal, por lo que ordenó volver a activar la indagatoria. La Procuraduría General de Justicia del Estado dijo que llevó a cabo el desahogo de las diligencias correspondientes, con la finalidad de conocer el grado de responsabilidad de diversos servidores públicos involucrados en el suministro y ejecución de los recursos que hubiesen permitido ofrecer servicios de salud de calidad. Y que en ese contexto, sobresale la declaración ministerial del exdirector del Hospital General K de Comitán, Raúl Belmonte Martínez, quien puntualizó que desde su llegada al hospital realizó gestiones para la dotación de recursos, los cuales nunca fueron suministrados, por el contrario, dijo, en el año 2002 hubo un recorte presupuestal que afectó la disponibilidad de materiales y recursos humanos. Belmonte Martínez dijo a la PGJE que a mediados del 2002, durante una reunión en la capital del estado, el propio Pablo Salazar Mendiguchía le dijo: “que no habría ningún tipo de apoyo económico para el hospital, posteriormente, en otro acercamiento, Ángel René Estrada Arévalo me hizo saber que el gobernador dijo que no suministraría ningún tipo de recurso al Hospital General K, ni para ningún otro hospital de Comitán, toda vez que era la tierra del exgobernador Roberto Albores Guillén”. “Y que tras su petición, dichas solicitudes no fueron atendidas por el entonces gobernador Salazar Mendiguchía, ni por su secretario de Salud, a pesar de que sí se contaba con los recursos suficientes, como lo demuestra el oficio número SH/0035/2002 de fecha dos de enero de 2002, con el que se le comunica al secretario de Salud, Ángel René Estrada Arévalo, el presupuesto de egreso para el ejercicio fiscal 2002 aprobado para dicho instituto por la cantidad de mil 298 millones 835 mil 242 pesos, como lo confirma, además, la copia certificada del Periódico Oficial número 073-3ª Sección en el que se publica las erogaciones correspondiente al Instituto de Salud por la cantidad mencionada”, dijo la PGJE. Agregó además que quien fungiera como Jefe de la Jurisdicción Sanitaria número tres, con sede en Comitán, José Juan Solórzano Moguel, afirmó que “desde el año 2001 se realizaron las solicitudes directamente con el secretario de Salud y apuntó que las instalaciones del hospital estaban en pésimas condiciones, ya que no contaban con el espacio suficiente para atender a los pacientes y la red de oxígeno no funcionaba, debido a que nunca les fueron asignados los recursos. La PGJE dijo que de acuerdo con los testimonios de diversos servidores públicos, se confirmó que el exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía tenía conocimiento que anterior a la muerte de los menores Jesús Alejandro Morales Alfaro y Gerardo Morales Alfaro, ocurrida el 27 y 30 de diciembre de 2002, ya habían perdido la vida un total de 22 neonatos más, debiendo ordenar el suministro de recursos públicos para evitar la muerte de otros menores, sin que obren en autos elementos que permitan observar que hubiera intentado algo para evitar tan lamentables hechos. Recordó que en ese entonces, la PGJE inició 24 averiguaciones previas por la muerte de bebés en el Hospital General K de Comitán de Domínguez, entre los meses de noviembre y diciembre de 2002 y enero de 2003. Y que por su parte, el exprocurador General de Justicia del Estado Mariano Francisco Herrán Salvatti, preso también, declaró haber tenido conocimiento del fallecimiento de los bebés ante el inicio de diversas actas administrativas que debido a la presión pública fueron elevadas a averiguaciones previas. Que ante la PGJE, Herrán Salvatti reveló que en una primera reunión, el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía le ordenó “que el Ministerio Público no profundizara mucho en las investigaciones que se estaban realizando por parte de la PGJE en marzo del año 2003, con respecto a las causas que motivaron el fallecimiento de los bebés”. El exfuncionario estatal detalló que a mediados del mes de abril del año 2004 fue llamado por el gobernador a sus oficinas ubicadas en el primer piso del Palacio de Gobierno:“hallándonos ambos en el despacho del gobernador, sentados ante su escritorio, Salazar Mendiguchía me ordenó que todas las averiguaciones previas relativas al fallecimiento de los bebés del hospital de Comitán se determinara en el no ejercicio de la acción penal y sin responsabilidad para el Estado, y que inmediatamente fueran enviadas a archivo como asunto totalmente concluido”. “Recalcándome que cesara inmediatamente las investigaciones sobre esos hechos y que evitara a toda costa cualquier tipo de acción penal por esos acontecimientos, externándome que él como gobernador no autorizó que se enviaran recursos económicos para la compra de equipos médicos y medicamentos que en ese entonces requería dicho hospital, ya que el recurso público que había sido destinado para el fortalecimiento no se invirtió y por tal motivo le podría resultar responsabilidad tanto a él como al entonces secretario de Salud, Ángel René Estrada Arévalo”, que eso declaró Herrán Salvatti ante la PGJE. La PGJE dijo también que aunado a los testimonios recabados, obran en autos las conclusiones emitidas en su momento por la entonces Contraloría General del Estado, la Dirección de Servicios Periciales de la PGJE y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que en el año 2004 emitió al gobierno de Chiapas la recomendación 24/2004, que afirma que se detectaron múltiples irregularidades en el nosocomio, siendo las principales la falta de medicamentos, instrumental y equipos médicos en las áreas de gineco-obstetricia y pediatría, lo que contribuyó a la deficiente atención médica. En su informe, la PGJE subraya la inexistencia de equipo médico e instrumental necesario y el uso de ventiladores manuales, a pesar de que al ser un hospital de segundo nivel estaba obligado, de acuerdo a la normatividad, a contar con ventiladores automáticos En sus investigaciones, la PGJE hizo referencia a un diagnóstico conjunto emitido el 13 de enero de 2003, con la Secretaría de Salud, la PGJE y la Contraloría General del Gobierno del Estado de Chiapas, así como por la Organización Panamericana de la Salud, el cual señala que en el hospital no se contaba con la infraestructura y los recursos humanos suficientes para atender la demanda de cuidados neonatales. Además, en su informe la CNDH recomendó al gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía: “se sirva instruir al Procurador General de Justicia a efecto de que tome las medidas necesarias para que se integren y determinen conforme a derecho las averiguaciones previas iniciadas con motivo de los hechos, en atención a las consideraciones expuestas en el capítulo de observaciones del presente documento”. Y que por todo ello, al exgobernador Salazar Mendiguchía se le imputa ahora el delito de homicidio doloso (comisión por omisión) a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Constitución Federal, la particular del estado de Chiapas y la Ley de Salud del Estado, además de haber decidido por cuestiones políticas no otorgar los recursos económicos para el equipamiento médico, medicinas y atención especializada del Hospital General K de Comitán de Domínguez. De estos hechos, se desprendió también que el inculpado estaba obligado a resguardar específicamente el bien tutelado por las normas jurídicas, por lo que su omisión derivó en la muerte de los menores en el hospital de Comitán, muertes que, en todo momento, pudieron y debieron haberse evitado. La PGJE dijo que por este delito Pablo Salazar Mendiguchía podría alcanzar una pena hasta de 20 años de prisión por cada uno de los menores fallecidos.