MÉXICO, D.F., (apro).- El cuñado y el concuño del empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon fueron amparados en definitiva contra los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y lavado de dinero por el Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con sede en el Estado de México. Pero ni Tomintat Marx Yu, cuñado del empresario, ni Zhu Wei Yi, concuño de Ye Gon, podrán salir todavía del penal de alta seguridad del Altiplano, pues la Procuraduría General de la República (PGR) tiene diez días para recurrir la decisión tomada el jueves 4 por la magistrado Angélica Marina Díaz Pérez, titular del juzgado. De acuerdo con la juzgadora, la PGR fue incapaz de demostrar los cargos contra los familiares de Ye Gon, quien desde 2007 se encuentra detenido en una prisión de Maryland, en Estados Unidos, mientras se resuelve su extradición a México. Los familiares de Ye Gon fueron detenidos en marzo de 2007 en una residencia de Las Lomas de Chapultepec donde el empresario guardaba 205 millones de dólares en efectivo. La PGR los acusó de delincuencia organizada, de delitos contra la salud y de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Su defensa, llevada por los abogados Ricardo Sánchez Reyes Retana y José Antonio Becerril González, evitó hacer comentarios sobre la resolución que revierte los fallos emitidos el 28 de junio de 2010 por el Primer Tribunal Unitario del mismo Circuito, en el toca penal 187/2007. Estados Unidos acusó a Ye Gon de introducción de metanfetaminas y lavado de dinero, pero ni la agencia antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) ni el gobierno mexicano aportaron las pruebas de sus acusaciones, por lo que un juez federal estadunidense lo absolvió en agosto de 2009. Sin embargo, el empresario que tuvo su auge como importador de efedrina y pseudoefedrina durante el sexenio de Vicente Fox sigue preso a solicitud de México. Ye Gon no sólo quiere evitar la extradición, sino obtener asilo político en Estados Unidos, pues alega que su vida corre peligro en México por haber involucrado al secretario del Trabajo federal, Javier Lozano, en la acumulación del dinero que le fue asegurado.